EDITORIAL

Consciencia ciudadana y transparencia electoral

Entre las muchas cualidades que es necesario reconocer y valorar del sistema electoral boliviano, hay una que lo diferencia de casi todos los otros de Latinoamérica y lo equipara a muy pocos de los países que tienen tradiciones democráticas mucho más antiguas y sólidas que la nuestra. Es que la legislación electoral vigente en nuestro país da a la ciudadanía, individualmente o a través de sus representantes, amplios derechos y atribuciones para fiscalizar cada acto electoral y controlar todo el proceso desde el empadronamiento hasta el cómputo final de votos.
Para facilitar y hacer más efectivo el ejercicio de ese derecho y obligación, las leyes vigentes delegan a los partidos políticos y a las agrupaciones sociales una parte muy importante de la responsabilidad. Les da la tarea de nombrar a por lo menos una persona que los represente en todas y cada una de las mesas de sufragio, en todos y cada uno de los recintos electorales en todo el territorio nacional.
Es tan bueno ese procedimiento que si se lo aplicara como es debido no habría ninguna posibilidad de fraude electoral. Sin embargo, y tal como ocurre en otros asuntos, la realidad suele ser muy diferente de lo que mandan las leyes. Por eso, la sombra de la desconfianza y el temor de actos fraudulentos no deja de ser un ingrediente principal de procesos como el que está a punto de llegar a su culminación.
Para que eso ocurra confluyen dos factores a cuál más atentatorio contra la buena salud de nuestro sistema democrático. Por una parte, está el envilecimiento del que ha sido víctima el Órgano Electoral como consecuencia del desenfrenado afán con que el Órgano Ejecutivo ha intentado durante los últimos años reducirlo a la condición de una repartición más a su servicio.
Por otra parte, y tan o más dañina que el anterior factor, está la incapacidad de los partidos y agrupaciones ciudadanas de la oposición que durante los últimos diez años no han dado ni la más mínima muestra de voluntad y capacidad de ejercer los derechos y obligaciones que les corresponden como protagonistas principales de la vida democrática.
En el caso concreto del acto electoral en ciernes, lo menos que podría esperarse es que las organizaciones participantes tengan presencia activa en todas y cada una de las más de 4.000 mesas de sufragio y desde ahí velen por la limpieza del acto electoral.
Lamentablemente, tal tarea queda demasiado grande a las fuerzas opositoras pues su capacidad organizativa es poco menos que nula y su falta de presencia en gran parte del territorio nacional deja expedito el camino para que las fuerzas oficialistas actúen sin que alguien ponga límites a su arbitrariedad.
Ante tales circunstancias, sólo queda esperar que sea la ciudadanía la que independientemente de sus afinidades políticas vuelva a ser el próximo domingo, tal como lo viene siendo desde hace 34 años, la más celosa vigilante y principal garantía de la transparencia de los resultados que arrojen las urnas. Y si alguna sombra de duda quedara al final del acto, debe quedar claro que la culpa tendrá que ser repartida en partes iguales entre las partes contendientes porque todas, unas por acción y otras por omisión, habrán contribuido a ese resultado.