EDITORIAL

El deber de votar

Más allá de las dificultades que oportuna pero infructuosamente se han planteado hoy elegiremos a los nuevos gobernantes del país y a los asambleístas, y ratificaremos nuestra decisión de que sólo a través del voto ciudadano se puede elegir y legitimar a quienes quieren dirigir transitoriamente el país.
Esta oportunidad sirve, además, para recordar que tenemos una elección hoy porque en octubre de 1982 el pueblo boliviano optó por el sistema democrático como forma de gobierno, al que a lo largo de estos 32 años le ha dado su respaldo acudiendo masivamente a todos los actos electorales que se ha convocado.
Lamentablemente, los actores políticos no han tenido similar capacidad para asumir esos postulados democráticos. Más bien permanentemente han sido tentados por modelos autoritarios de ejercicio del poder, tentaciones que, no sin dificultades, fueron enfrentadas por la clara adhesión de la ciudadanía a la democracia.
Sin embargo, a partir de 2006, con la confluencia de tres factores: el inicio de un prolongado período de bonanza económica (probablemente el más largo y más rico de la historia del país) luego de un largo periodo de recesión; la elección como Presidente de la República de un dirigente campesino-indígena, proveniente del sector cocalero, y el resurgimiento en la región de una corriente genéricamente denominada populista, dio inicio a un proceso político-ideológico caracterizado por un fuerte cuestionamiento al modelo liberal democrático que se fue gestando desde 1982, promoviendo, más bien, sistemas personalistas de ejercicio del poder, tendientes al autoritarismo.
En ese cambio se ha subvertido la precaria institucionalidad democrática creada dese 1982. El ejemplo más claro, pero no único, es el Órgano Electoral. Hasta 1992, su conformación estuvo en manos de las circunstanciales mayorías políticas, pero desde ese año hasta la actual gestión se acordó dar plena independencia política a sus miembros, elegidos básicamente por sus meritorios antecedentes profesionales y morales. Este espíritu, lamentablemente fue roto y nuevamente, aprovechando su renovación por mandato constitucional, se retomó el espíritu de que la composición del Órgano Electoral dependa de las mayorías políticas. Y también vulnera ese espíritu plural y democrático, el abusivo uso de los bienes del Estado en favor de la candidatura oficialista.
Pese a ello, hay que insistir, es un deber ciudadano participar en estas elecciones para ratificar el apoyo al sistema democrático y elegir a quienes se cree que son los mejores. En la medida en que haya más participación, habrá más convencimiento de que cualquier nueva tentación autoritaria será resistida. Además, una amplia participación también puede ser interpretada como la decisión de exigir, luego, una condiga rendición de cuentas.
Por último, corresponde anotar, por un lado, que las cinco candidaturas que compiten en estas elecciones expresan un racional abanico de opciones político-ideológicas. Por otro lado, más importante aún, y considerando las condiciones de su participación, que se podría estar asistiendo al cierre de un ciclo de transición y el inicio otro de reconstrucción de un nuevo sistema político-partidario que responda a los desafíos que el país y el planeta están lanzando.
Todo ello, y más, depende en gran medida de cumplir responsablemente nuestro derecho y obligación de votar.