EDITORIAL

Encuestas, proyecciones e información oficial

Desde hace algunos años, en nuestro país como en todos donde las prácticas democráticas están vigentes, las encuestas de opinión que suelen realizarse en los periodos previos a la realización de elecciones se han constituido en verdaderas protagonistas del escenario político y han llegado en muchos casos a desplazar a los partidos políticos y sus candidatos como principales objetos de interés de la ciudadanía.
Nuestro país no es una excepción. Por el contrario, se puede constatar que con cada proceso electoral ha ido aumentando la importancia de las encuestas a la hora de definir la agenda de discusión política.
Tomar en consideración esos antecedentes es muy importante en circunstancias como las actuales, cuando las múltiples deficiencias del Tribunal Supremo Electoral han dejado abierto un enorme margen de incertidumbre en lo que se refiere a los resultados finales de las elecciones generales del pasado domingo. Y eso es muy peligroso, porque con cada día que pasa se multiplica la posibilidad de que la opinión pública, y también los líderes políticos, quieran llenar ese vacío de información con los datos obtenidos por empresas encuestadoras y difundidos por los principales medios de comunicación.
Es tan grande el riesgo de que esa sustitución de roles lleve a grandes confusiones, abusos y distorsiones, que bien vale la pena poner las cosas en su justa dimensión.
Y al hacerlo, hay que comenzar por destacar el hecho de que las empresas encuestadoras legalmente autorizadas para realizar encuestas y difundir sus resultados han dado una vez más una muestra de la calidad de su trabajo al haber proyectado los resultados de sus respectivas muestras con elevada precisión. Sin embargo, como no podía ser de otro modo, hubo variaciones entre unas y otras y entre los resultados finales, lo que es plenamente comprensible dadas las limitaciones propias de la naturaleza de este tipo de estudios.
Que así sea suele ser irrelevante a no ser para el prestigio de las encuestadoras y los medios que las difunden, porque las previsiones o proyecciones quedan atrás frente a los datos oficiales que siempre son, al final de cuentas, los únicos que valen.
Lo que está ocurriendo en nuestro país es algo diferente. Por eso, se debe hacer algunas precisiones. La más importante de ellas es que, a pesar de que los resultados son suficientes para despejar cualquier duda sobre la credibilidad y confianza que merecen las empresas encuestadoras reconocidas y los medios que las difunden, de ningún modo se debe perder de vista que no se trata de instrumentos de los que se pueda esperar total precisión. No se puede, pues, pretender sustituir los datos oficiales con las aproximaciones hechas a boca de urna o mediante métodos de conteo rápido, pero en la medida en que la información oficial se retrasa, crecen las suspicacias.
En las actuales circunstancias, cuando las dos principales proyecciones de los resultados electorales muestran variaciones muy ligeras entre sí, pero suficientemente importantes como para definir dos escenarios políticos muy distintos para el futuro inmediato de nuestro país, es necesario insistir en la urgente necesidad de que el Tribunal Supremo Electoral haga cuanto sea necesario para hacerse merecedor de la confianza de la ciudadanía. Su actuación en estos especiales momentos provoca, sin duda, mucho daño a la democracia. Hay que estar, pues, atentos.