EDITORIAL

La violencia en México

Los últimos hechos de violencia registrados en México han llamado la atención de la comunidad internacional, puesto que se dan luego de que el Presidente de aquel país, Enrique Peña Nieto, iniciara una política diferente en torno al crimen organizado, en contraste con su antecesor.
La principal crítica contra las políticas del ex presidente Calderón radicaban en la hipótesis de que la mano dura contra las mafias del narcotráfico causaban una respuesta de igual magnitud, provocando el empeoramiento de los hechos violentos perpetrados contra víctimas inocentes, y que al reducir la agresividad de la acción gubernativa contra el crimen organizado se disminuiría, también, la violencia de éste contra la ciudadanía.
El cambio de enfoque, entonces, no implicaba una diferencia substancial que hiciera pensar que México pudiera haber asumido que la guerra contra las drogas, tal y como es concebida hasta ahora, no tiene posibilidades de éxito a través del combate violento, sino que simplemente consistía en un abordaje acompañado de elementos que pudieran evitar estallidos de violencia excesiva por parte del crimen organizado.
Empero, los últimos casos de la matanza en Tlatlaya, Estado de México, o la más reciente masacre de estudiantes en Iguala, Guerrero, demuestran que los problemas de fondo siguen intocados. Uno de ellos es el hecho de que la ciudadanía puede convertirse en víctima de la agresión de cualquiera de los dos frentes en pugna, de la misma forma que las personas inocentes en una guerra común. Tanto el crimen organizado como las fuerzas estatales pueden terminar dañando la integridad de la gente, ya sea que lo quieran o no.
No sólo es que las redes que se tejen a partir de negocio ilícito del narcotráfico no respeten leyes, instituciones o autoridades, alcanzando espacios y personas de manera insospechada, desvirtuando la democracia y generando crisis institucional, sino que, adicionalmente, el afán por destruirlas haciendo uso de la fuerza pública, provoca cuantiosas pérdidas adicionales, económicas, pero principalmente humanas, que lejos de reducir van aumentando día que pasa en nuestra guerra contra las drogas.
Todo esto debería alentar el inicio de un gran debate mundial por el rediseño de las estrategias para hacer frente al problema de las drogas, en el que necesariamente debe incluirse a la corriente, cada vez más amplia, que aboga por políticas de despenalización sobre la base de la constatación de hechos como los que se comentan, no en el afán de reducir el consumo de sustancias ilícitas, sino buscando eliminar uno de los grandes dramas de la guerra contra las drogas que es, precisamente, la pérdida de vidas humanas inocentes, y poniendo mayores esfuerzos en políticas intensivas y extensivas de prevención y rehabilitación.
La experiencia de países como México o Colombia, en donde los grados de violencia han llegado a extremos fatales, al igual que los graduales incrementos de este tipo de casos en países como el nuestro, deberían impulsarnos a reflexionar seriamente en torno a alternativas que no nos conduzcan a un destino que parece evidente.