PROJECT SYNDICATE

Dinero sucio y desarrollo

Bjørn Lomborg.- Hay un problema muy serio que afecta a los pobres de todo el mundo y del que se habla muy poco: los flujos financieros ilícitos. Estos flujos cuestan a la gente de países como Yibuti, Congo y Chad más de la quinta parte de sus ingresos cada año, pero casi nunca son noticia. Ahora que la comunidad internacional discute objetivos específicos para las iniciativas internacionales de desarrollo de los próximos quince años, es buen momento para empezar a hacer cambios.
Los nuevos objetivos de desarrollo global (así como los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio, centrados en la salud, el hambre y la educación) influirán en la asignación de ayudas por cifras astronómicas. Por eso es fundamental elegir bien las áreas a las que se apuntará, lo cual supone un desafío para la comunidad internacional, dada la gran cantidad de objetivos propuestos.
Para colaborar con este proceso, el Centro de Consenso de Copenhague preguntó a 62 equipos de economistas de primer nivel cómo se deberían asignar unos recursos limitados para lograr el mayor resultado de aquí a 2030. Algunas respuestas (por ejemplo, aumentar la seguridad alimentaria, ampliar las oportunidades educativas y mejorar la atención de la salud) eran previsibles.
Pero hubo una recomendación que nadie se esperaba: poner coto a los flujos financieros ilícitos. Al fin y al cabo, no parece a primera vista que planteen una amenaza al bienestar de la gente tan seria o apremiante como, por ejemplo, la falta de comida suficiente para sobrevivir, y mucha gente ni siquiera percibe que sean un problema.
Sin embargo, el economista Alex Cobham insiste en que limitarlos debe ser prioritario, y tiene buenos argumentos.
Según un informe del instituto Global Financial Integrity (GFI), en 2011, los países en desarrollo perdieron casi un billón de dólares en transferencias ilícitas al mundo desarrollado. Del mismo modo, veinte países africanos han perdido más del 10% de su PIB cada año desde 1980. (En cierto sentido, esto convierte a África en acreedor neto del mundo, aunque no pueda esperar devolución de lo adeudado.) En 2011, salieron ilegalmente de India unos 85.000 millones de dólares.
¿Dónde va ese dinero? Los regímenes cleptocráticos suelen canalizar parte de la riqueza de sus países a cuentas bancarias en Suiza, algo que, como el lavado de dinero de organizaciones criminales, es obviamente ilegal (además de moralmente reprobable).
Pero también hay un mecanismo legal: la elusión fiscal. Se trata de una clase de conductas que sin ser delito, son muy criticadas (sobre todo, por ser frecuentes entre grandes empresas multinacionales como Amazon, Starbucks y Google). Para reducir impuestos, estas empresas se registran y declaran sus ganancias en países con tasas impositivas bajas, aunque la mayor parte de sus actividades esté en otros países.
Otra forma que tienen las empresas para pasar capital por las fronteras es adulterar la facturación de importaciones y exportaciones. Según un estudio reciente del GFI, 60.800 millones de dólares entraron o salieron ilegalmente por esta vía de Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania y Uganda entre 2002 y 2011.
En conjunto, los flujos financieros ilícitos equivalen hoy a casi diez veces el total de las ayudas internacionales. ¿Cuánto bien podría hacer ese dinero si se canalizara a proyectos de desarrollo?
Por eso Cobham propuso que la próxima serie de objetivos de desarrollo incluya estipular la difusión pública de la información sobre titularidad efectiva (usufructo) de activos. Una regulación que, al dificultar el uso de empresas fantasma como pantalla fiscal, pondría trabas a los flujos financieros ilícitos y haría mucho más fácil individualizarlos.
Si con esta iniciativa se lograra reducir apenas un 10% el promedio de las pérdidas provocadas por flujos financieros ilícitos respecto del período 2002 a 2012, se ahorrarían 768.000 millones de dólares que podrían usarse para financiar proyectos de desarrollo. Si la reducción fuera el 50%, el ahorro sería impresionante: 7,5 billones de dólares.
Claro que la regulación propuesta por Cobham conlleva importantes costos administrativos. Pero incluso con la estimación más alta (66.000 millones de dólares), los países pobres ganarían 13 dólares por cada dólar invertido, cifra que ya de por sí es atractiva, aunque un rendimiento más probable sería 49 dólares por dólar invertido.
Esta regulación puede reforzarse con otras dos propuestas: el intercambio automático de información tributaria entre jurisdicciones y que las multinacionales declaren sus ingresos discriminados por país. Esta transparencia generaría en algunos casos propaganda negativa para las empresas, y puede cambiar el manejo de los asuntos financieros corporativos. Aunque es muy difícil calcular los costos y beneficios exactos de estas medidas, no es arriesgado decir que serían sumamente rentables.
Pero (siempre hay un “pero”) ninguna de estas propuestas funcionará a menos que su fiscalización sea tan amplia, coherente y estricta como sea posible. Si sólo se reduce la cantidad de canales disponibles para sacar fondos de un país, el dinero simplemente se irá a otros canales.
Lamentablemente, el marco actual para la prevención del lavado de dinero no sienta un precedente alentador. A pesar de que dicho marco cuenta con amplio reconocimiento y fiscalización en la mayor parte del mundo, el lavado de dinero no se detiene. Pero las nuevas propuestas de transparencia prometen ser más eficaces, dada su relativa sencillez.
Es indudable que la nutrición, la educación, la salud y el medio ambiente merecen un lugar importante en la próxima agenda de desarrollo. Pero hay buenas razones para incluir también la reducción de los flujos financieros ilícitos.