EDITORIAL

La ciudadanía y el proceso electoral

Más allá de las dificultades que oportuna pero infructuosamente se plantearon, hace una semana ya elegimos a los nuevos gobernantes del país y a los asambleístas, y ratificamos nuestra decisión de que sólo a través del voto ciudadano se puede elegir y legitimar a quienes quieren dirigir transitoriamente el país.
Esta oportunidad sirvió, además, para recordar que hubo una elección porque en octubre de 1982 el pueblo boliviano optó por el sistema democrático como forma de gobierno, al que a lo largo de estos 32 años le ha dado su respaldo acudiendo masivamente a todos los actos electorales que se ha convocado.
Lamentablemente, los actores políticos no han tenido similar capacidad para asumir esos postulados democráticos. Más bien permanentemente han sido tentados por modelos autoritarios de ejercicio del poder, tentaciones que, no sin dificultades, fueron enfrentadas por la clara adhesión de la ciudadanía a la democracia.
Sin embargo, a partir de 2006, con la confluencia de tres factores: el inicio de un prolongado período de bonanza económica (probablemente el más largo y más rico de la historia del país) luego de un largo periodo de recesión; la elección como Presidente de la República de un dirigente campesino-indígena, proveniente del sector cocalero, y el resurgimiento en la región de una corriente genéricamente denominada populista, dio inicio a un proceso político-ideológico caracterizado por un fuerte cuestionamiento al modelo liberal democrático que se fue gestando desde 1982, promoviendo, más bien, sistemas personalistas de ejercicio del poder, tendientes al autoritarismo.
En ese cambio se ha subvertido la precaria institucionalidad democrática creada dese 1982. El ejemplo más claro, pero no único, es el Órgano Electoral. Hasta 1992, su conformación estuvo en manos de las circunstanciales mayorías políticas, pero desde ese año hasta la actual gestión se acordó dar plena independencia política a sus miembros, elegidos básicamente por sus meritorios antecedentes profesionales y morales. Este espíritu, lamentablemente fue roto y nuevamente, aprovechando su renovación por mandato constitucional, se retomó el espíritu de que la composición del Órgano Electoral dependa de las mayorías políticas. Si a ello se suman las múltiples denuncias y críticas en torno al cómputo de votos, secundadas desde el mismo oficialismo, corresponde apuntar que, en este momento, el Tribunal Supremo Electoral es una de las instituciones más cuestionadas.
Pese a ello, hay que insistir, la participación ciudadana ratificó el apoyo al sistema democrático. Y una amplia participación también puede ser interpretada como la decisión de exigir, luego, una condiga rendición de cuentas.
Podríamos estar asistiendo al cierre de un ciclo de transición y el inicio de otro de reconstrucción de un nuevo sistema político-partidario que responda a los desafíos que el país y el planeta están lanzando. (Reedición)