Lunes, 20 de octubre de 2014
 

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¿Instituciones o maquinaria?

¿Instituciones o maquinaria?

Arturo Yáñez Cortes.- Uno de los efectos más perniciosos de la actual concentración del poder, entre muchos de similar naturaleza, es la perversión de aquellas instituciones que en el papel (constitución y leyes), tienen atribuidas una serie de pomposas funciones para proteger al ciudadano y hacer que el Estado cumpla con sus elementales funciones (administrar justicia, por ejemplo), pero llegado el momento, en la realidad sólo sirven para reproducir el poder o mantenerlo, degradándose a la condición de simple maquinaria: conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin / mecanismo que da movimiento a un dispositivo.
No sirve hacer constituciones o leyes que proclaman en el papel un conjunto de maravillas, cuando en la práctica se hace exactamente lo contrario. Uno de los mecanismos para terminar en ese estado, usado antes y ahora con excelencia, es el nombramiento no de servidores públicos en el cabal sentido de la palabra, sino de servidores partidarios que –usando de la concentración de poder– son designados o hasta se hace creer que fueron “electos”; se trata de operadores afines al poder político, militantes encubiertos, directamente identificados con el partido o, finalmente, suficientemente pusilánimes como para en cada actuación olvidarse de lo que significa su rol y las consecuencias de su proceder, para sólo pensar en lo que haría su jefazo en su lugar y así cuidarse y cuidarle las espaldas, aportar al proceso partidario o hacer méritos para alguna otra peguita o por lo menos conservar la actual. Recuerda lo que el juez del nazismo Freisler “recomendaba” a sus “juristas”: al momento de fallar, procedan como el Führer lo haría.
Ejemplos sobran. El ex diputado oficialista a cargo de la Contraloría (antes hubo otro que era el hermano del presidente); el ex del ex partido aliado luego convertido en asambleísta oficialista, luego supremo designado en vulneración de los arts. 12.III y 140.I de la CPE y ahora al mando del Ministerio Público y así sucesivamente; se crea un escenario que ya no repara en vulnerar la Constitución o leyes, incluyendo hasta las aritméticas (1 + 1 es 2, no 1). Recuerden el discurso del vice en la posesión del actual Defensor del Pueblo, cuando le exhortó a defender al estado del ciudadano, cuando elementalmente, aquella institución sirve exactamente para lo contrario: defender al ciudadano de los abusos estatales.
En esa línea y aunque siempre se puede caer más bajo como decía Borges, lo que está pasando con los “tribunales” electorales –nacional o los departamentales– (espero aplique alguna excepción siquiera para confirmar la regla) ha superado cualquier límite de decencia, siendo a esta altura del partido imposible omitir el triste rol que esos operadores han venido cumpliendo desde antes del inicio del actual proceso electoral y peor el que hoy hacen gala; es, definitivamente el non plus ultra de aquella perversa lógica, dejando como vulgares aprendices a los componentes de la tristemente célebre banda de los 4. Demuestra, hasta dónde puede quedar degradada una institución que, al ser juez –en este caso electoral– pierde su esencia y razón de ser, entregando y sacrificando su imparcialidad respecto de los intereses partidarios de los que debiera huir y más bien mediar y resolver, para convertirse en una simple y vulgar maquinaria para la reproducción del poder, en favor de quienes sirve.
Como suelen repetir sus panegíricos ¡siempre ha sido así! En gran parte sí, pero cabrá también recordar ejemplos relativamente recientes que prueban lo contrario, aún con luces y sombras. La Corte Electoral de “notables” que tuvo que venir en lugar de la asquerosa banda de los 4; el Tribunal que dictó el fallo que posibilitó el retorno a su función de diputado del actual presidente (suelo preguntarme sí hoy podría acaecer algo similar, tratándose de un opositor de los de ahora) y así algunos otros casos que, aunque podrían parecer botones de muestra, debieran convencernos de que las instituciones no deben degradarse a vulgares maquinarias para la rerereproducción del poder, sino para cumplir aquellas funciones que están escritas en la Constitución y leyes haciendo reiteradas referencias a su independencia, autonomía y otras perlitas, que hoy suenan como insulto a la inteligencia. Eso sí, fuera por lo menos prudente no olvidar aquello de Dermizaky: “La ruina de las instituciones de un país perjudica a todos, incluidos los gobernantes autoritarios que las destruyen para liberarse de todos los controles, porque tarde o temprano serás arrastrados por el caos y la anarquía que provocan”.