PROCESO. El Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la Capital dispuso la detención domiciliaria para Ana María Quinteros y Carmen Rosa Ayma.
LA FISCALÍA APELARÁ EL ARRESTO DOMICILIARIO PARA DIRECTORA
Ven favoritismo judicial en proceso de ex Seduca
Ven favoritismo judicial en proceso de ex Seduca
Una senadora pedirá investigar la fortuna de los funcionarios que están imputados
Sucre/CORREO DEL SUR
Sectores sociales, una senadora y la propia Fiscalía sospechan de un supuesto favoritismo de la justicia para con las autoridades educativas involucradas en el caso de supuesta corrupción en el ex SEDUCA; la senadora Hilda Saavedra pedirá al Ministerio de Educación separar del cargo a los funcionaros involucrados y además exige investigar las fortunas de los imputados. Desde el magisterio, piden la ampliación de la investigación contra otros funcionarios que siguen trabajando.
Después de que un juez dispuso la detención domiciliaria para la ex directora Distrital de Educación Carmen Rosa Ayma, la Fiscalía y otras instituciones como los ministerios de Educación y de Transparencia expresaron su desacuerdo y anunciaron que apelarán para hacer revocar esa resolución.
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, informó que el Ministerio Público no comparte la determinación del Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la Capital porque pese a haber acreditado en la audiencia los riesgos de autoría del hecho ilícito y la obstaculización, el juzgador no dio curso al pedido de la detención preventiva.
Aseguró que el Ministerio Público cumplió con su trabajo de acreditar los riesgos procesales para una detención preventiva, pero la instancia judicial contrariamente dispuso medidas sustitutivas argumentando delicados estados de salud en algunos casos.
“Cosas que no las compartimos y continuamos con la labor investigativa y no sólo están procesadas las máximas autoridades sino los funcionarios técnicos; hay ocho personas, la ex directora Departamental y la ex directora Distrital”, señaló Ramírez.
En cambio, la senadora oficialista Hilda Saavedra denunció que personas involucradas en los hechos de corrupción continúan trabajando en la institución poniendo en riesgo la investigación porque pueden hacer desaparecer documentación de prueba y obstaculizar la investigación.
“Deben ser reemplazados todo el entorno que está bajo investigación, la ex directora distrital Carmen Rosa Ayma continuaba trabajando hasta hace poco; lo que llama la atención es que a unos les manden a la cárcel y a otros sólo medidas sustitutivas, al parecer la justicia no está obrando con equidad”, aseguró.
Anunció que enviará una carta al Ministro de Educación para que suspenda del cargo a los funcionarios involucrados. Asimismo, pidió que el Ministerio de Transparencia inicie una investigación de fortunas a los funcionarios procesados e incluso a sus familiares.
En la misma línea, el ejecutivo General de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana de Chuquisaca, Orlando Hurtado, anunció una asamblea general este fin de semana para analizar este caso y no descartó pedir la ampliación de la investigación contra otros funcionarios que continúan trabajando en la Dirección Departamental de Educación.
Por su parte el Tribunal de Disciplina y Ética de la Dirección Departamental del MAS pidió al Ministerio Público agilizar la investigación. Agregan que no protegerán a nadie, peor aún si son o se creen del MAS las personas denunciadas por corrupción en el ex SEDUCA.
“Seremos rigurosos con estas personas que aprovechándose del MAS y haciéndose llamar masistas e incluso parientes del Presidente se meten en actos ilícitos y reñidos con la ley”, señala parte del documento firmado por los directivos del Tribunal de Ética del MAS que no descartan con querellarse como parte interesada en este proceso.
Apuntes
Dentro del proceso hay ocho personas imputadas y la investigación continúa.
La Fiscalía reveló que los imputados negociaban ítems hasta en $us 4.000 cada uno.
La dirigencia del Magisterio pedirá la ampliación de la investigación a otras personas.
Investigación
En abril de este año, la Fiscalía abrió investigación por una supuesta venta de títulos del programa "Yo sí puedo" para acceder a ítems en escuelas de la Sucre o cercanas a ella.
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