EDITORIAL

Inconsistentes denuncias de fraude

Con la presentación oficial de los resultados de las elecciones generales realizadas el pasado domingo 12 de octubre, se ha dado por concluida esa fase del proceso electoral. Y aunque todavía está pendiente la repetición en algunas mesas de Oruro y Santa Cruz, es un porcentaje tan pequeño el que está todavía en suspenso que no existe ni la más remota posibilidad de que los datos que arrojen aquellas urnas modifiquen de algún modo los resultados finales.
La culminación del proceso, exactamente igual que todos los que se realizaron durante los últimos diez años, se ha producido en medio de toda clase de quejidos provenientes de las fuerzas perdedoras. Desenlace nada nuevo pues, como es fácil recordar, se trata de un libreto que sin ninguna originalidad siguen repitiendo los candidatos perdedores elección tras elección. Y tan repetida como su actitud victimista, es la inconsistencia de sus acusaciones, ninguna de las cuales ha sido respaldada con algún elemento de prueba que merezca ser tomado en serio.
El antecedente más memorable de esa forma de afrontar la derrota es la reacción que tuvo tras las elecciones del 2002 el candidato de Nueva Fuerza Republicana, Manfred Reyes Villa quien, antes de reconocer que fueron sus propios desaciertos y muchas debilidades las verdaderas causas de su fracaso, puso en riesgo el poco prestigio político que le quedaba al denunciar un supuesto fraude masivo aunque jamás pudo respaldar con una sola prueba sus denuncias. Algo muy similar ocurrió en 2005 y 2009, cuando ante la arrolladora victoria de la fórmula del Movimiento al Socialismo las fuerzas opositoras no quisieron buscar mejor explicación a su fracaso que un masivo fraude.
Con esos antecedentes, tan frescos todavía en la memoria colectiva, y después de tantas lecciones que ha dado la experiencia política de nuestro país en los recientes años, resulta incomprensible que los partidos y candidatos que resultaron derrotados en las elecciones del pasado 12 de octubre persistan en su errónea actitud, dando a entender que hoy están tan lejos como hace más de diez años de merecer un lugar respetable en el escenario político nacional.
Nada de lo anterior significa, por supuesto, que las muchas y grandes deficiencias que ha tenido el desempeño del Órgano Electoral en todas sus instancias durante el más reciente proceso electoral no deban ser objeto de una muy severa evaluación y, si las fallas detectadas lo ameritan, habrá que actuar con el máximo rigor contra quienes resultasen sus autores.
Sin embargo, si lo que en verdad se quiere es superar las falencias y perfeccionar la institucionalidad democrática, el primer paso debe ser separar el grano de la hojarasca. Y es tanta la hojarasca que durante los últimos días han dispersado los partidos derrotados, que esa tarea, de por sí difícil, lo es ahora mucho más.
Vale la pena por eso, y antes de que el nuevo proceso electoral se desarrolle sobre las mismas bases frágiles que opacaron el que acaba de concluir, que con la serenidad que corresponde, y lejos del bullicio irresponsable, se diseñe un plan de acción para recuperar la confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Para ello, nada mejor que empezar por abrir el Padrón Electoral de modo que pueda ser sometido a una rigurosa auditoría.