TEXTURA VIOLETA

La magia de la ley y sus palabras

Drina Ergueta.- Al hombre que hace poco mató a su novia delante de 20 personas seguramente se le habría juzgado por lo que se llamaba “homicidio por emoción violenta”, que tiene cárcel de hasta ocho años, en lugar de lo que ahora se denomina “feminicidio”, cargo por el que cumplirá 30 años sin derecho a indulto. ¿Qué ha pasado? Es la magia de la Ley y sus palabras.
Hay situaciones que, siendo detestables, de tanto verlas, nos resultan familiares. Además se trata de gestos y rutinas domésticas que no aprobamos pero aceptamos porque allí están y estuvieron siempre; sin embargo, cuando de pronto a esas “costumbres”, o parte de ellas, se les pone un nombre específico y son oficialmente prohibidas y sancionadas, ocurre que de estar difusas en lo cotidiano se las ve en primer plano, horribles.
Estoy hablando de situaciones y sus nombres como: “racismo”, “acoso”, “violencia machista” o “feminicidio”, entre otras que antes no se reconocían y ahora sí.
Una situación de desventaja, abuso o injusticia es difícil de explicar cuando no se le ha puesto palabras, es decir un nombre, porque no está claramente definida, categorizada ni posee un término socialmente aceptado, aceptación que otorga la ley. Así, sin palabras ni nombres, la posibilidad de hacerle frente es casi imposible y la persona afectada tampoco puede entender claramente lo que le pasa y, entonces, no puede defenderse.
Cuando nacen estos términos, de pronto brotan las identificaciones de víctimas y agresores. Allí están, por ejemplo, nítidamente, esa secretaria obligada a ponerse faldas y ese jefe desagradable y de manos largas que utiliza como parapeto su posición jerárquica.
Hace poco, tal vez producto de la presión desde distintos sectores sociales, finalmente se aprobó el Reglamento de la Ley integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Esta Ley cambia realidades en sentido de que saca a luz estados ocultos, invisibles o borrosos. Algunos ejemplos: la Ley dice que ese jefe desagradable puede recibir hasta ocho años de prisión por lo que legalmente se llama “acoso sexual” y si es funcionario público se le sumara un tercio la pena y será despedido.
A esos que les hace mucha gracia alargar las manos y tocar sin consentimiento, cometen eso que es “abuso sexual” y les puede caer una pena de diez años de cárcel.
Un “violador”, nombre que ya existía legalmente y que ahora provoca una sanción mayor, puede tener hasta 20 años de cárcel y sube a 25 años si la víctima es menor de edad, así como también son 25 años cuando es una violación en grupo, como los casos cometidos en el bosquecillo de La Paz.
Los maridos, novios, amantes o ex parejas maltratadores que provoquen a su pareja “lesiones gravísimas” tienen ahora una sanción de hasta 12 años y si son “lesiones graves y leves” hasta seis años de prisión. Las penas aumentaron.
La lista es larga, sólo coloco algunos ejemplos, a los que agrego la “trata”, que recibe un castigo similar al feminicidio, de 30 años.
La nueva reglamentación ya tiene críticas, así como la misma Ley, y se le considera insuficiente. Se dice, por ejemplo, que el reglamento se centra en aspectos de orden presupuestario administrativo para la atención a las víctimas de lo que se llama “violencia física” y no establece con claridad los pasos a seguir cuando se trata de “violencia psicológica” o las otras violencias, que lleva a la confusión de ser consideradas “faltas”.
Estoy de acuerdo en parte con las críticas, pero ahora no profundizo en ello. La Ley está y su reglamento también; así como sus palabras, su significado y su capacidad mágica de hacer que esas situaciones difusas sean visibles y definidas. Es un avance, sin duda, aunque en muchos aspectos sabe a poco. No queda otra que seguir, presionar para hacer efectivo lo legislado, mejorar lo necesario en esa legislación y para que no sólo haya palabras, sino también sanciones.