EDITORIAL

Desafíos para marzo 2015

El sabor agridulce que ha dejado el desenlace de las elecciones pasadas, en lo referido al desempeño de los tribunales electorales y al proceso de sistematización y presentación de resultados, pone sobre la mesa serios desafíos a ser superados principalmente por las organizaciones políticas de oposición, así como por el Órgano Electoral.
En lo que respecta a los tribunales electorales, se trata de un reto a gran escala de recuperación de credibilidad institucional, que es un valor inherente a este órgano de la democracia, que va mucho más allá de los circunstanciales actores que lo administren, y sin el que cualquier acto eleccionario puede ser cuestionado hasta por grupos a los que, en la circunstancia de un Órgano Electoral fortalecido, nadie prestaría crédito.
Mayor eficiencia, meticulosidad y transparencia antes, durante y después del sufragio, junto al incremento de señales y acciones que muestren equilibrio y ecuanimidad a la hora de establecer las reglas del juego electoral, son los elementos clave que en muy corto tiempo las autoridades electorales deben ser capaces de incrementar en existencias, si no se pretende alentar las olas de cuestionamientos provenientes de todos los sectores, y si se cuenta con un verdadero compromiso por la salud y la consolidación democrática.
De igual manera, las organizaciones de oposición, que son muy hábiles para observar hasta el más banal detalle con el fin de descubrir razones y sinrazones para empañar un resultado electoral que les es adverso, deben adquirir mayor madurez política si quieren ganar algo de credibilidad a la hora de plantear denuncias, y saber reconocer que existen momentos en que la responsabilidad con la democracia y el voto de la ciudadanía es más importante que el montaje de un sainete que les ayude a evadir la responsabilidad y las consecuencias de los propios errores.
Debe tenerse en cuenta que el sistema electoral boliviano, más allá de los administradores del Órgano Electoral, brinda mecanismos de control ciudadano y partidario que facilitan la vigilancia y el cuidado del voto de la gente, como lo son los jurados electorales, la mirada de los medios de comunicación y los delegados de las organizaciones políticas.
Que estas últimas no sean capaces de hacer uso de esos mecanismos, contando con sus respectivos delegados en todas las mesas de los recintos electorales, y consecuentemente poseyendo copias originales de las actas de escrutinio de votos, ciertamente no es responsabilidad ni del partido de gobierno ni del Órgano Electoral.
Tratar de subsanar tal incapacidad exigiendo que los tribunales electorales les muestren físicamente las actas originales de cada mesa, antes de introducir los datos en los sistemas de cómputo de votos, verdaderamente constituye una obstrucción al proceso de conteo de sufragios que no se puede volver a repetir.
En ambos casos se trata del fortalecimiento de instituciones esenciales para la democracia, como lo son el Órgano Electoral y las organizaciones políticas, que evidentemente corren por cuenta de sus propios administradores y líderes, y de ninguna manera son responsabilidad de la ciudadanía.