EDITORIAL

El doble aguinaldo, 12 meses después

Hace casi un año, cuando al promediar noviembre de 2013 el Gobierno nacional procedió a la sorpresiva promulgación del Decreto Supremo 1802, mediante el que dispuso el pago de un doble aguinaldo para trabajadores del sector público y privado del país, la medida fue recibida con un amplio abanico de reacciones que fueron desde el desmedido entusiasmo en las filas gubernamentales, en un extremo, hasta expresiones de mucho temor entre quienes se desempeñan en el sector privado de la economía, en el otro.
Fueron muy intensos los debates en el ámbito académico y también los forcejeos en las mesas de negociaciones. Y aunque muchos empresarios se resistieron a través de las organizaciones que los agrupan a dar cumplimiento a la medida, en los hechos de nada valieron tales resistencias pues lo máximo que lograron fue cierta flexibilidad en los plazos fijados para hacer efectivo el pago a los trabajadores.
Ahora, casi un año después, el panorama no es muy distinto, excepto por una gran diferencia. Es que ahora ya se tiene la experiencia necesaria para que las opiniones a favor o en contra de la medida estén sustentadas en datos objetivos y no sólo en miedos o esperanzas basadas solamente en especulaciones teóricas o predicciones subjetivas.
Son esos resultados prácticos, ya sufridos durante los últimos 12 meses, los que han hecho que abunden las expresiones de alarma en el sector empresarial por la rigidez con que el Gobierno se ha propuesto hacer cumplir la disposición.
Hasta ahora, de nada ha servido que con datos de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), los representantes del sector empresarial hayan explicado a las autoridades gubernamentales que son por lo menos 8.000 las empresas privadas cuya sobrevivencia está siendo puesta en grave riesgo como consecuencia del pago del segundo aguinaldo.
Para fundamentar su posición, quienes se desenvuelven en el sector privado de la economía han recurrido a argumentos muy similares a los esgrimidos un año atrás. El principal de ellos que toda erogación extraordinaria debe necesariamente ir aparejada de otras medidas, como la reducción de las planillas salariales a través de los despidos, y la muy previsible elevación de los precios de sus productos, entre otros efectos indeseables. Los argumentos gubernamentales empleados para rebatir esos criterios han sido también los mismos.
Como es fácil constatar, dados los resultados de las medidas de resistencia planteadas por representantes del sector empresarial, en los hechos importan poco los argumentos a favor o en contra de la medida. Lo único que vale a la hora de las decisiones es la voluntad gubernamental y la falta de comprensión demostrada hasta ahora hacia el sector productivo nacional.
Por eso, y en vista de que todo parece anunciar un desenlace muy similar al del año anterior, lo más aconsejable parece ser que sin esperar a llegar a las mismas alturas del año 2015, sea desde ahora que desde el sector empresarial propongan fórmulas alternativas.