EDITORIAL

La verdadera naturaleza de los contratos de Misicuni

Hace pocos días, la Contraloría General del Estado ha anunciado su decisión de presentar ante el Ministerio Público una denuncia contra el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) por los delitos de: sociedades ficticias, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados e incumplimiento de contrato.
A primera vista, esa podría parecer una buena señal pues, aunque con más de cinco años de demora, es encomiable que la principal institución fiscalizadora del Estado haya resuelto por fin tomar cartas en el asunto. Y aunque todavía no se comprende por qué no lo hizo antes, si ya en 2009 salieron a luz las primeras sospechas sobre las dudosas condiciones legales, técnicas y financieras con que las Empresa Misicuni suscribió un contrato con CHM, podrá decirse que más vale tarde que nunca.
Lamentablemente una vez más, como ya es habitual con todo lo relativo al Proyecto Misicuni, las buenas señales se opacan ante la abundancia de vacíos que dejan demasiado lugar a las dudas. Más aún si, como en este caso, todo parece indicar que más que aclarar los malos manejos cometidos hasta ahora lo que se pretende es diluir culpas y responsabilidades de modo que el verdadero trasfondo del problema se siga manteniendo en la oscuridad.
Las razones que impiden ver con optimismo el nuevo giro que ha dado el asunto son muchas y se dejan ver desde los argumentos con los que se pretende justificar el súbito afán fiscalizador de la CGE.
Según la versión oficial, la expuesta por el contralor general del Estado, el fundamento de su acción fiscalizadora es que “tras haber revisado cajas y cajas” habría encontrado un “contradocumento” suscrito el mismo día en que el CHM fue conformado por la italiana Grandi Lavori Fincosit, la boliviana Construcciones Comercio e Industria (CCI), las colombianas Gerencia de Contratos y Concesiones y Change Consulting Group, las venezolanas Vialpa y Obresca. En ese “contradocumento” se establecía que la empresa italiana Grandi Lavori, que figuraba como socia mayoritaria, en realidad no era parte del Consorcio y sólo prestó su nombre para adjudicarse las obras de la represa de Misicuni y cumplir así unas de las condiciones del crédito italiano.
Tal versión sobre el hallazgo del famoso “contradocumento” no coincide con la dada por el presidente de la Empresa Misicuni, según quien fue la empresa aseguradora Credinform Internacional S.A. la que lo sacó a luz al insertarlo en una demanda civil contra CHM, la Empresa Misicuni y la Aduana Nacional como Anexo 16.
De cualquier modo, haya sido “tras haber buscado en cajas y cajas” o porque Credinform decidiera utilizarlo en su defensa, lo cierto es que por fin se ha desvelado la verdadera naturaleza de los contratos suscritos en 2009.
Ahora, cuando las circunstancias se imponen sobre la política de ocultamiento de información, sólo cabe esperar que las investigaciones lleguen hasta el origen mismo del problema y no se diluyan en la búsqueda y sacrificio de chivos expiatorios, como todo parece indicar. Y lo más importante, que la experiencia sirva para cortar cualquier posibilidad de que los mismos errores y engaños se repitan con los nuevos contratos recientemente suscritos.