¿Hacienda pública plurinacional?

Juan José Bonifaz B..- En anterior columna, nos referimos a otro aspecto de la publicación titulada: ”Dónde está la plata” que la Fundación Milenio publicó recientemente, sobre información “oficial” no fácil de conocer y menos de creer. Hoy tomamos el capítulo de la “Cuantificación de la Distribución de la renta petrolera: cuotas partes del Tesoro General del Estado, Gobernaciones, Municipios y Universidades” por ser de interés especialmente chuquisaqueño.
El investigador Carlos Schlink, nos refiere cómo los ingresos de hidrocarburos en los presupuestos generales del Estado para las gestiones 2006 -2013 muestra una subestimación tanto en regalías como en IDH, ya que el gobierno realiza proyecciones conservadoras resultando los niveles de ejecución siempre mayores, por el constante crecimiento de los volúmenes y precios de venta de gas al Brasil y la Argentina…
Ya vimos que la bonanza de los altos precios de los recursos naturales y el crecimiento del PIB, no son fruto del despegue económico de otras actividades intensivas en mano de obra. Más bien se puede afirmar, que el gobierno no ha manejado de manera transparente la hacienda pública y el presupuesto, porque no se conocen informes de ejecución y nunca –en esta gestión de gobierno- se ha debatido su contenido. “Por esa razón, Bolivia está entre los tres países peor calificados según el último informe del índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria en el que participó en la gestión 2009”
Como consecuencia del Decreto Reglamentario 29322 de nacionalización de los hidrocarburos,, se opera una disminución de los recursos departamentales (IDH) traspasando a los municipios para cubrir la renta dignidad, una asignación proporcional ilegal e injusta, pues constituye una malversación, porque el destino legal de esos recursos es la inversión y no rentas asistenciales. Sobre esto, Santa Cruz ha reclamado reiteradamente, nosotros no dijimos nada, será porque nos sobra la plata (¿?)
La reducción sistemática de los presupuestos, a la que se suma la política de recortes de recursos departamentales desde el 2008, es un síntoma que explica la situación de crisis que experimenta el Tesoro General; el rol cada vez más importante de la economía informal, el contrabando y el creciente narcotráfico, la falta de políticas públicas sectoriales con objetivos definidos, la insostenibilidad del “rentismo” como la dinámica predominante, y la dependencia casi exclusiva de la venta de los recursos naturales no renovables. Estos aspectos evidencian que la política económica no tiene un rumbo y no garantiza un futuro cierto para los bolivianos.
En conclusión, los grandes despliegues de publicidad sobre las autonomías de los municipios y gobernaciones -no son tal- el centralismo se ha acentuado. En este marco, se requieren políticas progresivas dirigidas a diversificar ingresos fiscales de estas instancias públicas, a fin de contar con una base financiera que permita atenuar dicha dependencia en los momentos en que estos ingresos disminuyan, y en el largo plazo cuando desaparezcan.
“En la actualidad se desconocen los ingresos generados por el Decreto de Nacionalización 28701, ya que el único beneficiario de este cobro adicional del 32 por ciento a los mega-campos productores de hidrocarburos es YPFB”. (¿?)
Finalmente, se recortan recursos del IDH de la prefecturas, municipios, pueblos indígenas y el TGN, para el pago de la renta dignidad, política asistencialista promovida por el gobierno central, pero pagada con los recursos de las regiones, en contra del referéndum del gas de 2004, la propia Ley de Hidrocarburos 3058 y, con el simple afán político de debilitar a las regiones recortando los recursos y asignando mayores competencias.