PEDIDO. El Presidente del TCP exhorta a cumplir la Constitución en los juicios a magistrados.

PRESIDENTE PIDE CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

TCP: Suspensión de magistrados genera mayor inestabilidad

Sucre/CORREO DEL SUR

La inminente suspensión de funciones del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi, que sería el tercer tribuno alejado después de Soraida Chanez y Ligia Velásquez, profundiza la inestabilidad institucional, admitió ayer el presidente Efren Choque y demandó que los juicios contra los magistrados se enmarquen en los principios y normas constitucionales.
“Esta situación de los magistrados procesados genera una inestabilidad institucional, también marca un antecedente en los procesos”, puntualizó.
Choque dijo que la Cámara de Diputados aún no decidió de la suspensión del cargo de su colega Cusi que trabaja en la Sala Primera que tiene que ver con las labores jurisdiccionales relacionadas con los pueblos indígenas.
Los magistrados Chanez, Velásquez y Cusi son procesados por haber firmado una resolución que dejó temporalmente en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado en abril de este año, empero la normativa está nuevamente en vigencia.
En criterio de los abogados de los magistrados, el Senado postergó la audiencia de juicio contra las dos magistradas hasta el 7 de noviembre para incluir al tribuno Cusi que hasta esa fecha debe estar suspendido, tras la imputación.
Consultado sobre si el TCP se pronunció respecto al recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 044 de juicio de responsabilidades contra magistrados en la Asamblea Legislativa, promovido por Cusi, Choque señaló que el tema será abordado en los próximos días. “En el curso de estos días vamos a tratar ese asunto y tendremos novedades más adelante”, puntualizó.
En La Paz, la defensa legal de la magistrada Soraida Chánez anunció ayer que después de agotar la instancia jurisdiccional boliviana, acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado boliviano una indemnización de $us 10 millones en favor de su clienta por la vulneración de sus derechos en un juicio "político" que pretende condenarles.