SURAZO

Normas inservibles

Juan José Toro Montoya.- Una norma que no se aplica es una norma que no sirve. Esa aseveración sirve para muchas situaciones que se viven en el país pero la utilizo a propósito de la tragedia que segó la vida de ocho estudiantes del colegio Óscar Alfaro de Potosí.

De un tiempo a esta tarde, los denominados viajes de promoción son motivo de una serie de limitaciones y, por lo menos hasta el accidente, la más notoria era la prohibición de viajar al exterior del país.
Las condiciones en las que se deben realizar esos viajes, su tiempo de duración y otros forman parte de la normativa interna del Ministerio de Educación. De manera general, esas condiciones se incluyen en la primera resolución ministerial del año que es la que también fija las reglas para evaluaciones, descansos pedagógicos, aplicación de normas y hasta manejo del personal.
Por tanto, mal podemos decir que el país no cuenta con normativa que le permita afrontar circunstancias como la tragedia del río Ichoe. El problema es que gran parte de esa normativa es mal aplicada o simplemente no se aplica.
La prohibición de cobro de dinero en las escuelas y colegios —las odiosas cuotas—, de exigir uniformes escolares o programar varios exámenes en un mismo día son algunas de las situaciones que la autoridad ha limitado en el proceso educativo pero siguen repitiéndose como antes.
Y esta indiferencia sistemática a la norma no es exclusiva del sistema educativo porque se presenta prácticamente en todos los sectores de nuestra sociedad.
Uno de los muchos ejemplos de normas que no se cumplen es la Ley 259 que fue promulgada para el control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. En una conversación que sostuve con el director nacional de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, la autoridad hizo una exhortación a cambiar la cultura de amplios sectores ciudadanos frente al alcohol pero, más allá de sus buenas intenciones, ¿cómo podemos enfrentar al alcoholismo si la ley que se promulgó para regularlo no se aplica?
Baldelomar pone gran parte de la responsabilidad del cumplimiento de esa ley en los hombros de los gobiernos municipales pero no toma en cuenta que la Ley fija con claridad las tareas que debería cumplir la Policía Boliviana. La Ley 259 se promulgó el 11 de julio de 2012 y, desde entonces, muchas fiestas y grandes borracheras se realizaron en las narices mismas de los policías. Es más, son muchos los casos en los que los propios uniformados participaron en las francachelas, aún vistiendo de verde olivo.
Por eso creo que asumir medidas “de emergencia”, como prohibir viajes de promoción, no sólo resultarán insulsas sino que son simples expresiones de la desesperación y desconcierto de nuestra sociedad.
Para disminuir los índices de inseguridad ciudadana, reglamentar fiestas y viajes de grupos de personas, primero tenemos que aprender a cumplir las leyes. Una vez que entendamos que las leyes sólo sirven cuando se cumplen, recién podremos asumir medidas específicas para casos como el que enluta al pueblo potosino.