TEXTURA VIOLETA

Reina y la violencia perpetua

Drina Ergueta.- Una infancia en precariedad, analfabeta, madre adolescente, amenazada, obligada a emigrar, con hambre permanente, indocumentada, golpeada, vendida, violada, acusada en otra lengua sin ser escuchada, separada de sus hijos, encarcelada, maltratada y sentenciada a cadena perpetua por un asesinato que asegura no cometió…
Es terrible la biografía de Reina Maraz Bejarano, una boliviana quechua en Argentina, que, por las denuncias publicadas en varios medios, vivió marginada en Bolivia y, al migrar, ha sufrido gran parte de las violencias conocidas: clasista, machista, sexual, económica, racista e institucional.
No es casualidad que los males caigan con mayor rigor sobre quienes viven en la pobreza, que en Latinoamérica tiene componentes étnico-raciales, y que se ensañen cuando se trata de mujeres. Estos males llegan también desde las propias instituciones del Estado cuya función debería ser protectora.
Reina Maraz es parte de la población migrada que, en su mayoría, salió de Bolivia en busca de mejores condiciones de vida. No se sabe cuál es la cifra exacta de la emigración, aunque se estima que representa el 25%, es decir 2,5 millones de personas del total de la población boliviana; sin embargo, hay versiones de que sólo en Argentina podría haber dos millones.
Esta población de carácter emprendedor sufre violencia día a día. Hay quien vive violencias explícitas y conocidas, como las agresiones físicas de golpes, violación y muerte; en tanto que la totalidad convive con violencias sutiles que son actitudes y acciones a veces imperceptibles pero que denotan menosprecio, discriminación y estigmatización, entre otros, y que mellan la vida de la persona o colectivo afectado.
Toda la población migrada boliviana sufre microviolencias de distinta índole e intensidad porque, además del rechazo por razones raciales, cada persona carga con los estereotipos y menosprecio que, en el exterior, tiene un país como Bolivia: considerado pequeño, pobre y con un gobierno que no es bien visto por intereses políticos y económicos.
Unas personas la pasan peor que otras, es evidente, y Reina Maraz es de las que peor. Se ha enfrentado, sin recursos, sin conocimientos, sin lengua común y sin apoyo en gran parte del proceso, a un juicio que la está recluyendo para lo que le queda de vida.
En Argentina se la ha sentenciado a cadena perpetua acusada de matar a su marido, con premeditación y alevosía, algo que ella niega en quechua. Tras tres años de encierro, su versión fue traducida, pero su declaración no fue tomada en cuenta.
Este caso tiene muchas señales de violencia institucional, de clase y de etnia, además de que ella sufrió violencia de género extrema, y así es como lo ven muchas entidades que la respaldan y que se han pronunciado a su favor diciendo que se trata de un “fallo cruel y obsceno”.
Si bien en Argentina hay bolivianos hasta “de tercera generación”, es conocido el racismo explícito y simbólico existente en esa sociedad, como en gran parte del mundo. Son habituales denuncias y publicaciones de agresiones contra la población migrada.
Cuando existe un prejuicio social sobre un colectivo, cuando siempre se le considera “los y las otras” en lugar de estar integrado en “nosotros y nosotras”, la visión que se tiene de esa gente extraña y ajena es que “no es como nosotros, no siente ni piensa igual”, entonces es muy difícil establecer empatías. Si además hay un menosprecio y un desprecio, atribuirle culpas y responsabilidades es más simple. En algún caso, una sanción puede considerarse ejemplarizadora para el colectivo extraño e indeseable.
Desde el gobierno boliviano se ha dicho que se apelará la sentencia contra Reina Maraz. Dadas sus características, este caso puede y debería ser ejemplo de una intervención efectiva del Estado boliviano para que alcance, además, a la población que con sus remesas contribuye al PIB en hasta un 8%, que en el exterior tiene desamparo legal y que, por ser migrante y por razones de etnia y origen, es doblemente discriminada.