CONSULTA. Una catalana vota la consulta alternativa sobre la eventual independencia de la región autónoma de Cataluña.

GOBIERNO ESPAÑOL ADVIERTE CON PROCESOS LEGALES A LOS LÍDERES REGIONALES

Cataluña celebra consulta pese a ser declarada ilegal

Madrid/EFE

Casi dos millones de ciudadanos participaron ayer en una consulta alternativa sobre la eventual independencia de la región autónoma de Cataluña, en abierto desafío a las autoridades españolas que la declararon ilegal y sin garantías democráticas.
Según los datos facilitados por el gobierno catalán, promotor de la consulta, más de 1,9 millones de personas, de un censo estimado de 5.4 millones, acudieron a los puntos de votación que fueron habilitados por las entidades convocantes –partidos y organizaciones ciudadanas favorables a la independencia–.
El Gobierno español dejó claro que no da ninguna validez a las cifras proporcionadas por la Generalitat (gobierno autónomo catalán), dado que la consulta carece de "mecanismos de control" como un censo previo o una junta electoral que vele por la limpieza del proceso, según dijeron fuentes del Ejecutivo central.
A los participantes en la votación –mayores de 16 años con residencia acreditada en Cataluña– se les planteaba una doble pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso afirmativo, "¿Quiere que sea un Estado independiente?".
La votación tuvo lugar pese a que el Tribunal Constitucional español suspendió, primero, el plan de la Generalitat catalana de celebrar un referéndum de autodeterminación y, poco después, también la fórmula de una consulta alternativa con las mismas preguntas.


ELUDIR PROHIBICIÓN
Para esquivar la prohibición, la autoridades rebautizaron la consulta como "proceso participativo" y confiaron su ejecución a millares de voluntarios que se distribuyeron por 1.317 puntos de votación en todo el territorio catalán.
Aunque las urnas no fueron finalmente retiradas, la justicia investiga si el Gobierno catalán incurrió en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de dinero público.
La Constitución española de 1978 atribuye sólo al Gobierno central la potestad de convocar referendos y no contempla la posibilidad de la secesión de una parte del territorio, ya que corresponde a todos los españoles decidir sobre el futuro del país.
Pese al rechazo de los jueces, del Gobierno central y de los principales partidos españoles, el presidente catalán, Artur Mas, mantuvo la cita del 9N (9 de noviembre) a la que se comprometió con los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido en ascenso que presta apoyo en la Cámara catalana a su gobierno minoritario.
Mas mantuvo ayer una actitud desafiante, lo que añade incertidumbre a la búsqueda de una salida negociada.
"Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno", afirmó Mas tras votar a favor de la independencia en una escuela de Barcelona.

Resultados

El gobierno de Cataluña cifró en 2.250.000 el número de personas que participaron en el proceso, de las que un 80.72% apoyaron la independencia recontado el 88.4 % de los puntos de votación.