EDITORIAL

El Defensor del Pueblo y las cárceles del país

Hace unos días, dos meses después de la matanza de la cárcel de El Abra (Cochabamba) del 14 de septiembre pasado, el Defensor del Pueblo presentó el informe sobre los hechos que se produjeron durante aquel día y, lo más importante, sobre los antecedentes que desembocaron en tal desenlace y las medidas que desde entonces se han adoptado –u omitido– para evitar que se repita ese tipo de hechos en esa u otras cárceles de nuestro país.
La publicación de los detalles contenidos en el informe ha sido con razón calificada como “terrorífica”. Y no es para menos, pues son tan truculentos los tratos a los que eran –y siguen siendo—sometidos los presos recluidos en esa cárcel, como en muchas otras de nuestro país, que cuesta creer que no se trate de una exageración o de una tergiversación de la realidad inspirada en el propósito de dar fin con lo poco que queda del prestigio de las instituciones responsables de ese estado de cosas, como sostienen muchas autoridades involucradas.
Según el informe, se pudo constatar la existencia de una red de extorsión conformada por internos, policías, representantes de la justicia y Régimen Penitenciario, que tendría sometidos a su arbitrio y voluntad a los reclusos. Vejámenes, extorsión a los presos y sus familiares, torturas físicas y psicológicas, entre un sinfín de actos de crueldad de lo más diversos son algunas de las prácticas cotidianas cuya realidad fue constatada por el Defensor del Pueblo y su equipo de colaboradores.
Son tan graves y están tan bien fundamentadas las acusaciones, que lo menos que podría esperarse es una inmediata y contundente reacción de las autoridades del Ministerio de Gobierno, de todo el Órgano Judicial y del Ministerio Público en especial, para que la Policía Boliviana y todo el aparato estatal den máxima atención a las denuncias y las seis recomendaciones que las acompañan.
Paradójicamente, una semana después de la presentación del informe del Defensor del Pueblo, nada de eso se puede ver. Muy por el contrario, si en algo parecen estar de acuerdo las autoridades directamente responsables de la catastrófica situación del sistema carcelario nacional es en minimizar las denuncias y concentrar todos sus esfuerzos en “lavar la imagen de Régimen Penitenciario”. Así, a las ya habituales andanadas de descalificaciones con las que las autoridades cuestionadas suelen salir al paso de los informes del Defensor del Pueblo, se ha sumado en este caso las amenazas, a veces veladas y otras no tanto, sobre la institución y sus representantes.
Dados los ya abundantes antecedentes del caso, y puesto que ya no es un secreto lo que ocurre tras los muros de las principales cárceles del país, de nada sirve la displicencia con que reaccionaron quienes representan a las instituciones y reparticiones estatales involucradas, por lo menos si de seguir ocultando la realidad se trata. Por eso, y puesto que ya no tiene sentido eludir el problema, lo único que corresponde es que se adopten de inmediato las radicales medidas imprescindibles para evitar que las experiencias de Palmasola y El Abra se repitan en cualquier cárcel del país.