RESOLANA

Una alianza para la acción

Carmen Beatriz Ruiz.- Están corriendo muchas imágenes y mucha tinta sobre la situación creciente de la violencia, trata y tráfico contra las mujeres en el país. Hay abundancia de referencias a los hechos delictivos de feminicidio que se conocen, en gran parte, debido precisamente a su carácter dramático e irreversible, que aparecen en crónicas y noticias a través de los medios de comunicación. A lo largo del año ha habido numerosas manifestaciones de organizaciones de mujeres y de grupos de la ciudadanía demandando atención estatal nacional y departamental a lo que ya es, sin duda, un tema de atención pública.
Ambos aspectos han merecido respuestas estatales de diferente tipo, como el reglamento de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348), la Ley integral contra la trata y tráfico de personas (Ley 263), ambas de hace dos años, además de otras propuestas específicas de leyes y planes departamentales y ordenanzas municipales de emergencia, con distintas características.
Por ahora, parece que al menos el tema cuenta en las agendas públicas. Sin embargo, hay tres aspectos que resaltan cuando se contrastan tantas normas afanosas y tanto discurso público de autoridades y que explicarían por qué todo sigue siendo insuficiente: la mala calidad de la información, la discontinuidad de una efectiva acción ciudadana y la ineficacia de los servicios.
La calidad de información sobre los hechos de violencia, trata y tráfico contra las mujeres es insuficiente y de mala calidad porque las instituciones estatales encargadas de servicios directos de atención de casos, como policía, juzgados, fiscalía y centros médicos no la acumulan ni sistematizan, tampoco la reportan, llegando a extremos de secretismo que, en realidad, encubre su inoperancia.
La acción ciudadana, medios de comunicación incluidos, necesita ser más que espasmódica, adecuadamente informada y persistente en su vigilancia sobre el desempeño de las reparticiones públicas para que éstas cumplan con su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley. El supuesto principal es que las demandas y la fiscalización ciudadanas lograrán que la gestión pública del área sea eficaz.
La Alianza Libres sin Violencia, que recientemente dio a conocer su plan de acción para los próximos cuatro años enfrenta, precisamente, esos dos aspectos a través de componentes especializados en la investigación y el procesamiento integral, nacional y continuo de datos y a través de la correlación directa entre la vigilancia que debe ejercer una ciudadanía adecuadamente informada sobre el desempeño de las y los servidores públicos encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes y la gestión de los planes gubernamentales.
La Alianza ha partido con la asociación de 30 instituciones actuando en 80 municipios de los nueve departamentos del país. Es previsible que en lo sucesivo se sigan sumando alianzas y acciones en más lugares. Desde el Plan contra la Violencia hacia las Mujeres diseñado y gestionado por la antigua Subsecretaría de Asuntos de Género (1994 – 1997) dirigida por Sonia Montaño, es la primera vez que se retoma la intención de una cobertura de estas características. Como plantea la consigna, la violencia contra las mujeres es una mancha que puede crecer y envolvernos a todos ¡No te manches!