EDITORIAL

La Policía Boliviana, una vergüenza nacional

Aunque el dato no es nuevo, pues ya son muchos los estudios que confirman que la Policía Boliviana es la institución más desprestigiada de nuestro país, el tema ha adquirido nuevamente relevancia desde que hace algunos días los principales medios de comunicación del mundo destacaran un informe según el cual nuestra institución policial es calificada como la más desprestigiada de Latinoamérica.
En efecto, así de categórica e inapelable es la conclusión a la que se llega al analizar los resultados del Barómetro de las Américas de 2014. Se trata de un estudio elaborado por el proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop por sus siglas en inglés) de Vanderbilt University, sobre la base de más de 50.000 entrevistas hechas en 28 países.
En la más reciente versión del estudio, se destaca el hecho de que la mitad de los encuestados expresa su insatisfacción con los cuerpos de seguridad de sus respectivos países, pero en ningún caso, ni siquiera en México, caso paradigmático de los extremos a los que puede llegar la corrupción policial, la percepción que la ciudadanía tiene sobre su Policía es tan mala como en Bolivia.
Tales resultados no deben sorprender, pues si hay en nuestro país una institución cuyo desprestigio ha llegado a niveles ya intolerables, esa es la Policía Boliviana, como consecuencia de muchas décadas de constantes casos de corrupción en todas sus formas, de abusos, de irregularidades que van desde gravísimos delitos hasta cotidianas extorsiones.
Entre los casos más recientes que abonan la percepción negativa que la gente tiene de la Policía, se destacan sin duda las redes delictivas organizadas entre efectivos policiales y delincuentes encarcelados en prisiones como Palmasola o El Abra, pero también las decenas de hechos delictivos que a diario salen a la luz pública en los que efectivos de diversos rangos de la Policía están involucrados.
Hubo también durante los últimos años más de una oportunidad en las que escándalos causados por la corrupción policial alcanzaron dimensión internacional, como los casos del general René Sanabria o del ex policía Fabricio Ormachea. Ninguno, sin embargo, fue tan notable como la secuela de crímenes y encubrimiento protagonizados por el teniente Jorge Raúl Clavijo y quienes hasta hoy evitan que se esclarezca el hecho, dejando sobre su supuesta muerte tantas dudas que la versión oficial sólo ha servido para agravar el desprestigio policial o, sin sensibilizarse de esta situación, declarar, ayer mismo, “reservada” la audiencia sobre el caso UTOP.
Más allá de la dimensión ética del asunto, y de lo gravísimo que es para cualquier país que la institución encargada de velar por la seguridad de las personas esté tan afectada por sus propios actos, el problema tiene una dimensión política de magnitud pues, tal como se encarga de hacer notar la institución responsable del estudio que se comenta, la descomposición policial puede llegar incluso a poner en serio riesgo la estabilidad de los regímenes democráticos. La actual experiencia mexicana es al respecto por demás elocuente.
Por eso, y antes de que sea demasiado tarde, es fundamental que el Estado y la sociedad enfrenten este problema y en acuerdo con efectivos que hayan dado muestras de probidad moral y profesional, se encare un profundo proceso de reforma interna.