Jueves, 27 de noviembre de 2014
 

ALERTA. La comunidad internacional se declaró en alerta por la creciente influencia del Estado Islámico en varios países árabes.
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PREPARA UNA CONTROVERTIDA LEY PARA VETAR RETORNO AL PAÍS

El Reino Unido sancionará a quienes se adhieran al EI

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La medida fue criticada porque atenta contra las libertades de los ciudadanos

Londres/EFE

El Gobierno británico presentó ayer en el Parlamento un proyecto de ley que le permitirá impedir temporalmente el retorno al Reino Unido de presuntos yihadistas, entre críticas de expertos legales y organizaciones de defensa de las libertades civiles.
Al detallar por escrito la legislación, que se debatirá hoy jueves en la Cámara de los Comunes, la ministra de Interior, Theresa May, dijo que es "esencial" para hacer frente "a las graves y cambiantes amenazas" que afronta el país.
"En una sociedad abierta y libre, nunca podremos eliminar completamente la amenaza del terrorismo, pero debemos hacer todo lo posible de acuerdo con nuestros valores compartidos para reducir el riesgo que plantean nuestros enemigos", declaró.
Según la ministra, el texto, que también otorga a la Policía poderes para confiscar pasaportes de sospechosos en los puntos de entrada y salida al país, incluye "propuestas mesuradas y dirigidas" que buscan garantizar la seguridad nacional.
Sin embargo, el proyecto legislativo, que ya adelantó en septiembre el primer ministro, David Cameron, fue cuestionado por el propio asesor gubernamental en materia de terrorismo, David Anderson, y varios grupos defensores de las libertades civiles.
En una declaración ante una comisión parlamentaria, Anderson expresó sus reservas por la aplicación práctica de las llamadas Órdenes temporales de exclusión, que impiden el regreso de los presuntos yihadistas, y echó en falta "implicación de los tribunales" para ofrecer garantías legales al proceso.
El abogado señaló, no obstante, que, a su entender, el Gobierno prevé usar esas polémicas órdenes no tanto para mantener alejados a los sospechosos, con el riesgo de convertirlos en "apátridas", sino a fin de "gestionar su retorno", condicionándolo a que accedan a entrevistarse con la Policía.
Amnistía Internacional (AI) advirtió por su parte de que una legislación de este tipo requiere "un análisis detallado y detenido".
"Aunque el Gobierno debe asegurarse de que se investiga a cualquier sospechoso de actividad delictiva, medidas como invalidar pasaportes o excluir a nacionales británicos de su país empujan los límites de la legislación internacional", afirmó la asesora legal Rachel Logan.
El presidente de la Comisión islámica de derechos humanos, Massoud Shadjareh, dijo que las medidas "alienarán" a la población musulmana y pueden impulsar agresiones contra el colectivo, así como fomentar la radicalización de jóvenes.
El Proyecto de ley de seguridad y contra el terrorismo, que podrá ser enmendado en su trámite parlamentario, obligará a las aerolíneas y a las empresas de comunicaciones a facilitar datos de sospechosos, y a las escuelas, universidades, ayuntamientos y prisiones a tomar medidas para impedir la radicalización de los ciudadanos.

Muere decapitador

Uno de los yihadistas que participó en la decapitación del turista francés Hervé Gourdel el pasado mes de septiembre murió en una operación militar del Ejército argelino en la región de la Cabilia.