Las agrupaciones ciudadanas

Waldo Ronald Torres Armas.- Alrededor de 500 Agrupaciones Ciudadanas (AC) tramitan o tramitaron su personalidad jurídica en el país. ¿Es posible concebir que existen 500 visiones diferentes del país? ¿Construyen democracia las AC?
Con la creación de las agrupaciones ciudadanas se buscaba la institucionalización seria y responsable de la democracia participativa y directa, el reconocimiento de la existencia de un sistema pluripartidista asentado socialmente, pero la reforma del sistema de partidos y del régimen electoral no ha superado la problemática, no ha dado cabida a la participación política de los ciudadanos a través de vías paralelas a la de los partidos políticos.
Su finalidad no se ha cumplido, la praxis política costumbrista se ha impuesto. Hoy sabemos que están conformadas por grupos muy heterogéneos, sin compromiso y susceptibles de negociar su propia sigla en busca de espacios políticos, lo que no significa, ni significará, un reforzamiento de la capacidad de gestión pública del Estado. La mayoría fracasan o terminan en fenómenos diluidos, carentes de toda fuerza social, influencia orgánica e impacto político en la sociedad. Las AC se caracterizan porque no giran en torno a principios ideológicos o doctrinas políticas, sino a intereses identificables, y concentrados casi exclusivamente en pelear votos por sí mismos, o en forma de coaliciones oportunistas y precarias, sin contenido ni significado filosófico alguno. El sustento de estos nuevos liderazgos es la persona, grupos minúsculos, o la familia de quienes las promueven. No existen tejidos organizativos, espacios democráticos, debate político y mucho menos instituciones detrás de ellos. La ley facilita su constitución y por esto proliferan en el escenario político a nivel nacional como formas exacerbadas de personalización de la política. Esta “orgía” de atomización podría alcanzar límites inimaginables, y darles curso implicaría un crecimiento “ad infinitum” de ellas.
Si los partidos socavaron su credibilidad ante la ciudadanía, hoy el descredito se extiende a las Agrupaciones Ciudadanas; esto contribuye al alejamiento de los ciudadanos de la política. Es pues necesario realizar un balance del grado de beneficio o perjuicio de su implantación. El debate debe incidir en determinar los límites de su actuación: si la actividad de las Agrupaciones fortalece o debilita nuestra caótica y débil democracia, y si es o no conveniente la ruptura del monopolio que los partidos políticos ejercían sobre cargos de representación política.
Hoy, además de urgentes, las reformas electorales deben reflejar la amplitud de problemas que es necesario atender. De lo contrario pronto tendremos una “liga” de Agrupaciones Ciudadanas.