EDITORIAL

El G-77 y los recursos naturales

La Reunión de Ministros de Hidrocarburos del G-77, que tuvo lugar en Tarija durante los últimos días con el propósito de establecer lineamientos comunes para la administración de los recursos naturales de los países miembros, ha concluido dejando como principal conclusión que son más las dudas que las certidumbres y mayores las discrepancias que las coincidencias cuando de buscar fórmulas de validez universal se trata.
En efecto, el resultado concreto de las deliberaciones, y a pesar de que fueron muchos los meses dedicados a reuniones preparatorias, fue una declaración de 24 puntos que por los términos genéricos en que fue redactada no llega a ser un plan de acción común y mucho menos de una palestra doctrinaria, que es al parecer lo que se proponían los organizadores del encuentro.
Si se lee con detenimiento cada uno de los 24 puntos de la declaración, es muy poco lo que queda en limpio más allá de declaraciones de buenas intenciones. Y de todas las facetas del asunto que fueron abordadas, la más importante, y en la que es más notoria la dificultad para pasar de las declaraciones líricas a las políticas públicas, es la relativa al papel del Estado y del sector privado en todas las etapas de la gestión de los recursos naturales. Es tanta la confusión que al parecer existe sobre este tema que los galimatías plasmados en la declaración final se constituyen en su más fiel expresión.
Es natural y muy comprensible ese resultado, pues cada vez es más difícil el atrincheramiento tras posiciones dogmáticas. Es que ha sido tanto el descrédito que durante los últimos años ha caído sobre las grandes corporaciones capitalistas, vistas como la máxima expresión del sector privado, que ya no es fácil hallar quien defienda su supremacía con el fervor con que era común hace algunos años. Y como contrapartida, han sido tantos los fracasos ocasionados por la excesiva injerencia estatal que tampoco son tomadas en serio las propuestas inspiradas en un estatismo excluyente del sector privado.
En el caso de los países latinoamericanos es muy ilustrativa al respecto la dramática experiencia cubana, el más reciente colapso de la economía venezolana o el continuo agravamiento de la crisis argentina, para constatar la inviabilidad del radicalismo estatista. La corrupción del sector hidrocarburífero brasileño, cuyas dimensiones recién están comenzando a salir a luz, contribuye al desprestigio de esas corrientes, más aún si potencias como China o India, principales miembros del G-77, avanzan a paso firme hacia el desmantelamiento del sector estatal de sus respectivas economías.
En ese contexto y con esos antecedentes, es natural que quienes esperaban una declaración laudatoria del papel del Estado y lapidaria para el sector privado, o viceversa, hayan tenido que conformarse con tanta ambigüedad. Razón más que suficiente para seguir explorando vías intermedias que, como la experiencia enseña, son las más adecuadas.