PRESIDENTE. El abogado Jorge Pinto.

PLANTEARÁN UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

Abogados: Reformas a Ley penal son contrarias a la Constitución

Sucre/CORREO DEL SUR

El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) considera que la eliminación de los jueces ciudadanos, la sanción a los abogados que planteen varios incidentes y los plazos para el archivo de causas sin movimiento que dispone la Ley de Descongestionamiento del Sistema Penal, contradicen a la Constitución por lo que promoverán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pidiendo la nulidad de estos artículos.
“Se está trabajando para formular un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP, aunque sabemos que esa institución genera dudas sobre su actuación jurídica y transparente porque está presionado por el poder político”, aseguró el presidente del CONALAB, Jorge Pinto.


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El abogado cuestionó la falta de políticas criminales en el país y sostuvo que todas las medidas legales que se asumen son reaccionarias y circunstanciales sin atacar el fondo del problema.
“Creen que criminalizando las conductas y estableciendo más delitos van a frenar la delincuencia en el país cuando la historia de otros países nos muestra que se debe recurrir a otro tipo de medios y la criminalización es el último recurso al que se debe recurrir”, agregó Pinto.
El jurista dijo que el CONALAB impugnará la eliminación de los jueces ciudadanos que eran el control social en el juicio porque le otorgaban cierta racionalidad a las actuaciones de los jueces técnicos, principio establecido en la Constitución.
Asimismo, sostuvo que los plazos para el archivo y resolución de causas ponen en indefensión a los litigantes porque la Constitución y el procedimiento penal responsabilizan al fiscal de la investigación y de la acumulación de la prueba en la acusación y no a la víctima. “En este caso se deja a la víctima la responsabilidad de mover las causas paralizadas”, puntualizó.
Los abogados también observan la potestad del juez para determinar sanciones a los abogados que planteen incidentes supuestamente maliciosos lo que pone en indefensión a los acusados cuando la Constitución establece una defensa amplia e irrestricta.