EDITORIAL

La violencia contra la mujer en la agenda mundial

Los últimos casos de violencia contra la mujer han llevado a mirar de frente y desde todos los ángulos uno de los problemas que más angustia a la sociedad contemporánea.
La importancia que se le da al tema no es nueva, pero es evidente que tiende a crecer. Así lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que haya sido ya en 1981 cuando el I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981, decidiera conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal, que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Tuvieron que pasar 18 años antes de que la ONU recogiera la propuesta y la incluyera entre sus prioridades recién en 1999, declarando el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordado hace poco.
Desde entonces, la atención que se le dedica aumenta con cada año que pasa porque también aumenta la información disponible sobre la magnitud del problema. Tanto, que ha sido calificado por la ONU como una “pandemia” y que por consiguiente merece ser tratado como tal.
Los datos que respaldan esa apreciación son por demás elocuentes. Según estadísticas oficiales difundidas por la ONU, por ejemplo, alrededor del 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo aseguran haber sufrido una experiencia física o sexual violenta en algún momento de su vida y la mitad de ellas sufrió, o sufre, alguna forma de agresión sexual antes de cumplir los 16 años. Se calcula que más de 600 millones de mujeres viven en países en los que la violencia doméstica no se considera un delito e incluso está socialmente legitimada en nombre de creencias religiosas o prácticas culturales.
En medio de tal panorama, Bolivia se destaca por dos razones. Primero, porque según todos los estudios nuestro país aparece en el primer lugar del índice de violencia física contra las mujeres, y en el segundo lugar, sólo después de Haití, por la cantidad de mujeres —gran parte de las cuales son menores de edad— víctimas de violencia sexual, además de la física. Y también porque Bolivia aparece como el país que más esfuerzos ha hecho para dotarse de una legislación dirigida a dar al problema un tratamiento legislativo especial.
Tan paradójica situación es en sí misma todo un resumen de la complejidad del asunto y pone a nuestro país como un caso digno de estudio al respecto. Así lo indica, por ejemplo, el hecho de que a pesar de que ya han transcurrido 19 meses desde que se puso en vigencia la Ley 348 que ofrece a las mujeres una vida libre de violencia, los resultados sean de lo más desalentadores.
La primera falla que se puede identificar sin mucho esfuerzo por lo evidente que es, es la desproporción entre la abundancia de buenas intenciones y la carencia de los recursos indispensables para hacer posible su aplicación. Y ahí es donde la responsabilidad del Estado se pone en duda, lo que obliga a reformular algunos de los criterios básicos que guían las políticas públicas.
Es cierto que ese es sólo uno de los cuestionamientos que deben ser puestos en la agenda pública, pero por algo se debe empezar si en verdad se quiere pasar de las intenciones a los hechos. (Reedición)