EDITORIAL

Señales de alerta en el sector eléctrico

Después de muchos meses durante los que el buen funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional (SIN) hizo pensar que habían sido superadas las deficiencias que tantos apagones causaron en 2013, el corte de energía eléctrica que el pasado lunes afectó a gran parte de Santa Cruz, paralizando las labores comerciales, industriales y la actividad rutinaria de más del 86 por ciento de la población, ha vuelto a encender las luces de alarma sobre la posibilidad de que, nuevamente, la relación entre la oferta y la demanda de energía eléctrica esté acercándose a un punto muy peligroso.
El asunto es grave de por sí, pues a estas alturas de la historia no es concebible que un país, y mucho menos uno dotado de tan buenas condiciones energéticas, como el nuestro, esté sometido a un servicio tan frágil.
Pero lo es más todavía si se considera que desde hace cuatro años, cuando se inició el proceso de “nacionalización” del sector eléctrico, el Estado ha hecho enormes inversiones con el argumento de que sólo de ese modo se podían subsanar las deficiencias que le atribuía a la administración privada.
La relativa estabilidad de los últimos meses dio motivos para el alivio, pues todo hacía suponer que, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas de la actividad económica nacional, los informes sobre la relación entre los requerimientos y el suministro de energía eléctrica sí eran confiables y los augurios pesimistas eran sólo eso.
Lo ocurrido el pasado lunes ha cerrado, por lo menos por ahora, ese paréntesis de tranquilidad. Es que dada la magnitud del apagón y la falta de explicaciones convincentes han recobrado actualidad los temores sobre la posibilidad de que nuevamente estemos ante un muy frágil punto de equilibrio, debido al contraste entre el intenso ritmo al que crece la demanda y la lentitud con que se desarrollan los proyectos de ampliación de las fuentes generadoras de energía eléctrica.
Tal temor, en vez de ser despejado por los informes oficiales, es generosamente abonado por ellos. Es que en lo único en lo que coinciden las diferentes empresas que intervienen a lo largo de la cadena energética es en el afán de deslindar responsabilidades. A ello también contribuyen los antecedentes pues, como es fácil recordar, ninguna de las investigaciones anunciadas sobre apagones tan frecuentes hace no mucho tiempo, terminaron con informes fidedignos y mucho menos con las sanciones previstas por las leyes vigentes para quienes fueren sus causantes.
No se trata, por supuesto, de buscar en quién descargar todas las culpas, sino de tener una visión real y objetiva de la realidad del sector, lo que es incompatible con el ocultamiento de información o con el encubrimiento de actos de negligencia administrativa
Siempre, pero especialmente en casos como éste, es imprescindible la información confiable, libre de afanes propagandísticos. Sólo así se podrá tomar las decisiones necesarias para evitar que en un futuro no lejano nuestro país se vea obligado a afrontar situaciones que se presentan en algunos países, cuyas deficiencias eléctricas tienen calamitosos efectos multiplicadores sobre toda su actividad económica.