PROCESO. La audiencia cautelar contra cuatro funcionarios de YPFB se extendió hasta la madrugada de ayer, en un Juzgado de La Paz.

TRAS LA DENUNCIA DE SUPUESTA RED DE CORRUPCIÓN

Investigan a 10 personas más en caso Yacimientos

Agencias

Diez personas más serán convocadas a declarar por el caso de la red de corrupción que presuntamente operaba desde la Unidad de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó ayer el fiscal anticorrupción Leopoldo Ramos. La decisión la reveló después que en la madrugada de ayer, la jueza Cinthia Delgadillo ordenara encarcelar a Selva Camacho y otros tres imputados acusados de los delitos de asociación delictiva, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y cohecho.
El fiscal no mencionó los nombres de las personas que serán convocadas, pero reveló que al menos cuatro de ellas son funcionarios de YPFB. La ampliación de la investigación, según informó, se produjo después de las declaraciones de una de las imputadas que dio a conocer los nombres de otras personas que tendrían relación con la red.
“Con las personas que han sido nombradas anoche (el lunes), con eso más tendremos aproximadamente unas diez personas, hoy (ayer) estoy empezando a emitir las citaciones”, explicó el fiscal Leopoldo Ramos en declaraciones reproducidas por la red Erbol.
Ramos no descartó convocar a autoridades de YPFB si encuentran indicios en el caso.
El grupo de personas acusadas de corrupción estaba compuesto por dos funcionarios, amigos y familiares que realizaban contratos de manera irregular beneficiando económicamente a diferentes empresas.


DETENCIÓN
La madrugada de ayer, la jueza Primero de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, dispuso la detención preventiva de Selva Camacho en la cárcel cruceña de Palmasola, además de Luis Alejandro Bell, Yamile Bravo y Erika Rojas, implicados en la red de supuesta corrupción.
Luis Alejandro Bell, hijo de Selva Camacho, será trasladado a la cárcel San Pedro de La Paz, en tanto que Yamile Bravo guardará detención en el penal de Miraflores y Erika Rojas en el penal de mujeres de la zona de Obrajes.
Ramiro Vega, abogado de la defensa, denunció que hay al menos 22 irregularidades en este proceso que al final fueron desvirtuadas ante la jueza. “Es algo muy grave lo que ha pasado aquí, han cometido prevaricato, incumplimiento de deberes y se debe ir al Ministerio Público. Se han incrementado pruebas que no estaban, se ha vulnerado todo precepto. Se ha falsificado pruebas, hasta ideológicamente; es una vergüenza lo sucedido.” dijo el abogado a Erbol.
Se presume que parte de la documentación en contra de la ex encargada de almacenes de YPFB fue introducida durante la audiencia de manera irregular. Antes de ser trasladada a celdas policiales, Camacho anunció ante los medios de prensa que formalizará denuncia por corrupción en la que supuestamente está implicada una pariente del actual presidente de YPFB, Carlos Villegas.

Daño económico

Según la Fiscalía, la red de corrupción creó cuatro empresas con el propósito de adjudicarse contratos con la estatal petrolera para organizar eventos, por más de medio millón de dólares.