EDITORIAL

Bolivia frente a los Derechos Humanos

Human Rights Watch (HRW), el Observatorio de Derechos Humanos que con Amnistía Internacional comparte el reconocimiento por ser una de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, ha llamado durante las últimas horas la atención sobre tres de los muchos temas a los que se refieren periódicamente sus informes.
Uno de ellos es el relativo al escandaloso caso de las torturas aplicadas por la CIA en nombre de la lucha contra el terrorismo. HRW exige que la justicia estadounidense actúe con el máximo rigor para que la tortura no sea admitida como una opción válida en ningún país del mundo y bajo ninguna circunstancia. El segundo tema tiene que ver con el incremento de la violencia contra la comunidad LGBT (Lesbianas Gais, Bisexuales y personas Transgénero) en Rusia.
El tercer asunto al que HRW se ha referido durante los últimos días está directamente relacionado con nuestro país. Se trata de un informe según el que “los derechos a la libertad de expresión y asociación, los de los niños y las garantías al debido proceso se encuentran en riesgo debido a cuatro normas aprobadas por el Gobierno boliviano en los últimos cuatro años”.
Las cuatro leyes cuestionadas son "Código Niño, Niña y Adolescente", la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación y el Código Penal Militar.
Desde el punto de vista de HRW, el Código Niño, Niña y Adolescente "convirtió a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo de niños". La Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas tendría atribuciones "excesivamente amplias para regular las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, socavando el derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de los defensores de derechos humanos".
En el caso de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación que rige en Bolivia desde el año 2010 los cuestionamientos se dirigen al riesgo en que se pone al derecho a la libertad de expresión pues "las nuevas medidas otorgan al Gobierno potestades imprecisas y excesivamente amplias que le permiten censurar injustamente a los medios de comunicación".
Finalmente, la carta recuerda que ya en diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que el Código Penal Militar de Bolivia era incompatible con estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial y derecho a la protección judicial, y exhortó a los legisladores a que lo reformaran, a pesar de lo que hasta ahora el Código no ha sido modificado.
Como es fácil recordar, los términos y el contenido del informe y la carta de HRW coinciden plenamente con múltiples expresiones de preocupación de organizaciones bolivianas que durante los últimos años se han hecho oír con vigor e insistencia pero sin buenos resultados.
No es por novedoso que ese documento tiene importancia, sino porque, además, sus autores tienen una autoridad ampliamente reconocida en el mundo entero por lo que ningún gobierno puede desdeñar sus observaciones y recomendaciones. Mucho menos si, como en el caso de Bolivia, se trata de un país que está a punto de incorporarse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.