ENTRE COLUMNAS

Derechos Humanos en carpas

Lupe Cajías.- Culmina el 2014 con buenas noticias para la economía boliviana, pese a anuncios en los mercados internacionales que pueden afectar el futuro cercano. Entre tanto, la mayoría de los habitantes en el territorio nacional asegura que de una o de otra manera, la bonanza económica la favoreció, con trabajo, con ventas, con servicios.
Las vacas gordas se ven todavía más rebosantes en comparación a las dificultades que tienen los vecinos, sobre todo en los tradicionales mercados más grandes de la región, Argentina y Brasil. Las fronteras esperan entusiasmadas a los turistas “bolitas” que llegan con sus dobles aguinaldos, sus dólares frescos, su moneda fuerte.
Sin embargo, mientras todos aquellos disfrutan, se cumplen los cientos de días de protesta de víctimas y sus familiares que vieron truncos sus destinos por el apresamiento, exilio, muerte o permanente persecución durante las dictaduras militares, inauguradas hace cincuenta años con la implantación en el continente de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Ellos piden una indemnización que al menos les permita concluir sus vidas con mayor tranquilidad.
El terrorismo de estado comenzó tímidamente en Brasil, luego en Bolivia, en los últimos meses de 1964, hasta alcanzar su mayor ferocidad con el Plan u Operación Cóndor desde marzo de 1976, con el golpe de estado de Rafael Videla en Argentina y que aceleró la represión que se daba desde 1973 en Chile y en Uruguay.
En esos países del Cono Sur, el Estado democrático reconoció su responsabilidad y la de sus Fuerzas Armadas. Hace poco se publicó un último informe sobre la verdad de lo sucedido en Brasil en esas oscuras épocas y, por su parte, el gobierno argentino amplió la normativa para beneficiar con pensiones vitalicias a los muchos presos políticos de los años 70.
El presidente Carlos Mesa aprobó en su gestión una ley para beneficiar económicamente a las víctimas de la represión militar. Paradójicamente, el gobierno del Cambio, que se autopresenta como adalid de los derechos colectivos, ha ignorado sistemáticamente el pago de esa pensión a esos sobrevivientes.
Es difícil entender cuál es la razón por ese silencio sistemático al punto que la presencia de las carpas frente al Ministerio de Justicia parecen ya parte del paisaje urbano y cada vez son menos los transeúntes que se detienen a leer las razones de esa protestas. Son varios los que murieron estos años sin recibir el beneficio reclamado.
Ahora comenzarán las lluvias que empeorará la salud de los huelguistas y se acerca Navidad. ¿No es posible que los dirigentes encuentren una fórmula para negociar alguna salida? ¿Hasta cuándo será indiferente la Ministra de Justicia?