EDITORIAL

La corrupción, principal enemiga de YPFB

Un nuevo caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) --ya son tantos que es difícil llevar la cuenta-- ha vuelto a encender las luces de alarma y a llamar la atención de la ciudadanía sobre la manera como está siendo administrada la principal empresa de nuestro país.
El tema no es nuevo pues, como es fácil constatar, desde hace ya casi ocho años los casos de corrupción han ido sucediéndose uno tras otro y las reacciones de las autoridades de la empresa, del gobierno y de las instituciones fiscalizadoras ha sido siempre la misma. Minimizar la magnitud del problema, caracterizarlo como un “caso aislado”, atribuirlo a desajustes o deficiencias ideológicas de los autores, prometer realizar investigaciones “hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga” y… esperar pasivamente hasta que salga a luz, generalmente por casualidad, un nuevo negociado.
Lo importante, más allá de los muchos casos conocidos y comprobados, es reconocer que todos ellos tienen un elemento en común. Y es que en las figuras delictivas como el uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, entre otras, están directamente relacionadas con la ligereza con que se disponen los recursos económicos de YPFB en forma de licitaciones y contrataciones directas. Y eso vale tanto para enormes inversiones como para gastos relativamente pequeños.
Dados los ya abundantes antecedentes, no resulta difícil identificar el origen último del mal. Y este es la degradación de YPFB, como de todas sus empresas subsidiarias, en una especie de apéndice del partido gobernante guiado por criterios estrictamente políticos y partidarios más que técnicos y administrativos.
Una muy elocuente muestra de los extremos a los que está llegando esa manera de proceder la dio recientemente el presidente Evo Morales en su discurso inaugural de los trabajos de perforación del pozo exploratorio Bulo Bulo 16D, cuando exhortó a los ejecutivos de YPFB a evadir los procedimientos legales para agilizar las inversiones. “hay algunos presidentes y gerentes que están amarrados a la parte legal y también hay equipos jurídicos que le meten miedo y a consecuencia de ello no pueden decidir más inversiones”, dijo.
Desgraciadamente, son muchos los funcionarios que han tomado al pie de la letra esas exhortaciones con resultados que están a la vista.
Hasta ahora, esa manera de actuar ha causado gravísimos daños a la empresa y por consiguiente al país, lo que pasó casi desapercibido por la enormidad de los recursos disponibles. Ahora, cuando a YPFB como a todo el país le espera una época de austeridad obligatoria, resulta evidente la necesidad de enmendar el rumbo. Es imprescindible para ello comenzar por acatar lo que manda la Constitución Política del Estado de modo que se ponga fin a casi ocho años de interinatos, de ausencia de directorio y de irrespeto a las leyes existentes para controlar las adquisiciones de bienes y servicios. De otro modo, nadie deberá sorprenderse si los casos de corrupción —los conocidos y los que no llegan a salir a la luz pública— continúan multiplicándose.