EDITORIAL

Desafío a la ciudadanía

Una instrucción emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha alertado al mundo político y a infinidad de ciudadanos, hombres y mujeres, pues con alevosía y premeditación prohíbe que asambleístas de esta gestión que termina puedan habilitarse como candidatos para ser alcaldes por presuntamente no haber vivido en sus regiones los últimos dos años; no así para postular a las gobernaciones.
Se trata, sin duda, de una interpretación amañada de las disposiciones legales que rigen la realización de elecciones y que parece responde al afán de beneficiar a determinadas candidaturas, fundamentalmente del oficialismo. Pero, es tan grosera la instrucción que hasta el propio Vicepresidente del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la han cuestionado y se ha informado que se exigirá una detallada explicación a las autoridades electorales.
En varias oportunidades se ha señalado que estas autoridades tienen a su cargo el pilar más importante del sistema democrático, pero que sólo es tal si garantizan la realización de comicios transparentes. El momento en que los árbitros electorales se identifican con alguno de los contendientes, se cuestiona no sólo los procesos electorales que dirigen sino el sistema democrático como tal.
En forma insistente, además, se ha criticado a estas autoridades tanto su incapacidad técnica como su falta de sindéresis e imparcialidad. Han cometido muchos errores que sólo la confianza depositada en ellos por el Órgano Ejecutivo han hecho que se las mantenga, incluso cuando se ha pedido su renuncia. Pero, la instrucción que se comenta rebasa todo límite, lo que explica la correcta reacción vicepresidencial y de la ALP.
Llama la atención, empero, la tardía reacción de los operadores políticos, particularmente de la oposición, que es a la que más afecta la instructiva (con excepción de algunos postulantes a ser candidatos a alcaldes), situación que muestra, una vez más, el ensimismamiento en el que se encuentra. Sin embargo, una vez que la crítica tome cuerpo tratarán de ubicarse en la agenda pública y reclamarán a los medios por no darles la suficiente cobertura.
Pero, así como preocupa esa tardía reacción, también lo hace el hecho de que organizaciones de la sociedad no se hayan pronunciado sobre el tema hasta ahora. No hay que olvidar que en marzo próximo se elegirá a las autoridades más cercanas a la ciudadanía y lo que éstas hagan o dejen de hacer incidirá directamente en la vida cotidiana de la gente.
En ese sentido, el silencio de infinidad de organizaciones no gubernamentales, comités cívicos, organizaciones sociales muestra que su atención está centrada en sus particulares intereses o en el poder central, actitud que, hay que señalar, responde precisamente a las intenciones de las corrientes centralistas que tratan de desmerecer el poder local.
Es de esperar que esta semana la sociedad en circunstancial alianza con el estamento político logre que se anule la ilegal y antidemocrática instrucción electoral y se hagan esfuerzos para que el Tribunal Supremo Electoral actúe en función de servicio a la democracia y la transparencia. De lo contrario se asestará un nuevo y duro golpe al sistema democrático.