INFORME. El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, en contacto con medios de prensa, ayer.

ANTE EL PEDIDO DE REFUGIO DEL EMPRESARIO PERUANO

Caso Belaunde: Canciller dice que Bolivia se basará en la ley

EFE

El Gobierno afirmó que tiene un plazo máximo de 120 días para resolver la petición de refugio del empresario peruano Martín Belaunde y, al mismo tiempo, adelantó que no protegerá a quienes huyan de procesos de corrupción.
El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, expresó esa posición en una comparecencia ante los medios, sin aceptar preguntas, para explicar que el país suscribió la legislación internacional sobre la institución que supone el refugio.
"En este momento, él tiene la condición de solicitante de refugio y nosotros, como lo establece nuestra ley, tenemos un plazo máximo de 120 días para resolver esta solicitud", agregó.
Sostuvo que se tomará en cuenta toda la información que se presente al Consejo Nacional de Refugiado (Conare), ya sea emitida por el solicitante, como por el Gobierno peruano o la Interpol.
Enfatizó que uno de los principios que se respetarán es la "confidencialidad, por lo que se tiene que tener cuidado en la divulgación de información sobre cualquier solicitante de refugio".
Choquehuanca subrayó que "Bolivia no va a proteger a personas que huyen de procesos por delitos comunes o, más aún, de corrupción".
En ese sentido, recordó que Bolivia hizo varias solicitudes ante países vecinos para que no se conceda refugio ni asilo a bolivianos que afrontan denuncias de corrupción.
Belaunde Lossio, ex asesor de campaña del presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció en su cuenta de Twitter que el próximo 5 de enero dirá "su verdad" ante las autoridades bolivianas para que sustente su petición de refugio.
Sin embargo, Choquehuanca dijo ayer que Belaunde será recién notificado para sostener una entrevista con el Conare y aseguró que esta convocatoria aún no sucedió, pero anticipó que no es algo que se hará conocer por los medios de comunicación.


Acusación
De acuerdo con el Gobierno peruano, Belaúnde fue acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos para él, por lo que en mayo pasado un tribunal peruano ordenó su detención preventiva durante 18 meses.
Según el Gobierno peruano, el empresario está acusado de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir, y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de este año.


CONARE
La Conare está formada en Bolivia por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Gobierno, la Iglesia Católica y el Alto Comisionado de Naciones para los Refugiados (Acnur), que participa para dar asesoramiento técnico.
El canciller Choquehuanca también recordó que en noviembre pasado en Bolivia la "I Reunión especializada de ministros y altas autoridades de prevención y lucha contra la corrupción" de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) acordó que los países no serán refugio de funcionarios públicos o particulares procesados y sancionados por corrupción.
En esa reunión se estableció que los "Estados miembros deben abstenerse de considerar los delitos de corrupción como delitos políticos, respetando los acuerdos internacionales y legislaciones nacionales correspondientes", señaló Choquehuanca.
El Gobierno peruano pidió a las autoridades bolivianas que rechacen la solicitud de refugio y que pongan a Belaúnde a disposición de la justicia peruana.
El ministro peruano del Interior, Daniel Urresti, criticó ayer al analista político y ex ministro Fernando Rospigliosi por haber dicho que la Interpol no tenía una orden de captura internacional contra el ex asesor cuando presentó su pedido de refugio, el 15 de diciembre. "El indeseable sigue mintiendo con que sus contactos policiales le han dicho que la notificación era verde", escribió Urresti en su cuenta de Twitter.
Rospigliosi declaró a medios peruanos que la notificación verde no implica la detención del sospechoso y que le llamaba la atención que Interpol no tuviera un reporte completo con los cargos atribuidos al empresario en Perú.
En Sucre, Eddy Condor, consultor peruano en temas de justicia, sugirió indagar cuál es el verdadero motivo para la persecución del gobierno de Ollanta contra Belaunde.


MANDATARIOS
La Cancillería peruana asegura que los presidentes de Perú, Ollanta Humala, y de Bolivia, Evo Morales, no tuvieron contacto desde que se conoció, hace dos días, que el empresario peruano prófugo está en La Paz.