EDITORIAL

La Constituci�n y la realidad

Un argumento para convocar a una Asamblea Constituyente que reforme la Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE) fue que las promulgadas desde la creaci�n de la Rep�blica no expresaban a toda la poblaci�n, sino a una parte de ella, por lo que se requer�a que el m�s importante contrato social cuente con amplia legitimidad. As�, se realizaron una serie de tr�mites para �constitucionalizar� esta convocatoria y finalmente la Asamblea Constituyente se instal� en Sucre.
En un largo proceso de mucha participaci�n pero de poca voluntad para llegar al consenso, hubo, sin duda, una amplia representaci�n de todos los sectores sociales del pa�s, incluyendo la representaci�n cultural diversa. Sin embargo, en los hechos y en temas fundamentales dominaron los laboratorios y las instrucciones provenientes del poder central. Finalmente, se elabor� el texto que aprobado en bochornosas y violentas sesiones, fue sometido a referendo en el que el s� se impuso en forma arrolladora.
As�, la nueva CPE es sentida como propia por la gran mayor�a de la poblaci�n, lo que le da una gran legitimidad. Adem�s, una vez aprobada y promulgada se supon�a que el proceso de reinstitucionalizaci�n del pa�s se pondr�a en marcha. Lo que no se pod�a prever es que con el paso del tiempo y el florecimiento de contradicciones internas ser�an sus principales autores los que la violar�an sistem�ticamente por razones pr�cticas e ideol�gicas, poniendo en serios apuros a muchos de sus ide�logos al tratar de justificar dicha posici�n con rocambolescos argumentos.
Eso es lo que est� sucediendo actualmente no s�lo con muchas de las leyes apresuradamente aprobadas en la Asamblea Legislativa sino porque se est�n creando condiciones para que predomine antes que la Constituci�n el criterio arbitrario de los grupos de poder. Basta ver la actuaci�n de los miembros de los �rganos Legislativo, Judicial y Electoral, que han sido puestos al servicio de los dict�menes de autoridades del Ejecutivo con la amenaza expl�cita de acatarlos porque de lo contrario ser�n objeto de sanciones, as� �stas no est�n previstas en el marco jur�dico vigente.
Tambi�n surgen expresiones muy preocupantes como el cuestionamiento al principio universal del debido proceso, el incentivo a actuar al margen de las normas en los procesos de licitaciones si �stas retrasan la concreci�n de proyectos, afirmar que el respeto a los derechos humanos es un obst�culo para la buena formaci�n militar, las formas en que pretende inhabilitar algunas candidaturas para las elecciones de marzo pr�ximo, el uso abusivo de los bienes del Estado con fines pol�tico-partidarios.
Se trata de algunos hechos que en las �ltimas semanas han copado la agenda p�blica y muestran que las corrientes autoritarias presentes en el MAS y el gobierno, se estar�an rearticulando lo que, como ya sucedi� en el pasado, significar�a un grave retroceso democr�tico en el pa�s.
A escasos d�as de inaugurar su pol�mico jur�dicamente tercer per�odo, bien har�an el Presidente del Estado y su entorno en reorientar su visi�n de la Constituci�n y las leyes y reencauzar sus actos a lo que �stas norman, como es su deber.