EDITORIAL

Acuerdo nacional por los Derechos Humanos

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en un mensaje institucional con motivo del año nuevo, ha presentado al país una propuesta que debe ser acogida y respaldada por toda la sociedad, sin ningún tipo de retaceos. Ha propuesto lograr un gran acuerdo nacional “para fortalecer y avanzar en el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, especialmente aquellos cuya vulneración está afectando de manera más grave y recurrente a los bolivianos”.
La iniciativa es plausible y no es posible imaginar siquiera algún motivo que podría tener alguna de las instituciones de la sociedad boliviana para rechazarla y negarle su apoyo. Es que la causa de los derechos humanos es una de las pocas que en Bolivia, como en todo el mundo, puede congregar las más diversas voluntades pasando por encima de eventuales discrepancias de carácter político o ideológico. Nadie, ni quienes más desprecian en su fuero interno el respeto a los derechos humanos, se atreve a poner en duda la legitimidad de la causa y esa es una ventaja que puede y debe ser aprovechada.
La necesidad de hacerlo es mayor aún si consideramos que durante los últimos años en nuestro país se ha intensificado una tendencia hacia el constante deterioro de la cultura de respeto a los derechos humanos. La frecuencia con que se producen violaciones a los derechos básicos de las personas ya es uno de los temas más acuciantes de la agenda pública nacional y por eso es urgente un esfuerzo colectivo proporcional a la magnitud del mal.
La iniciativa de Defensor del Pueblo es además muy oportuna, pues coincide con la próxima renovación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de las asambleas departamentales y de los concejos municipales. Todos esos cuerpos representativos de la ciudadanía iniciarán pronto sus actividades con nuevos impulsos, inmejorable circunstancia para que se constituyan en núcleos aglutinadores del esfuerzo propuesto. La numerosa presencia femenina en esos órganos puede también ser una garantía de compromiso con la causa pues como es bien sabido, suelen ser mujeres las principales víctimas del irrespeto a los derechos humanos.
Un énfasis especial propone el Defensor del Pueblo que se ponga en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y al hacerlo, identifica a la “complicidad social” como uno de los principales problemas que se debe superar.
Ese aspecto del problema, el de la “complicidad social”, es sin duda uno de los que más atención merece y no sólo en los casos que afectan a los grupos más desprotegidos de la sociedad, sino en todos los casos en general. En efecto, no se equivoca el Defensor del Pueblo al cuestionar cierta indiferencia y resignación con que crecientes sectores de la sociedad se desentienden ante casos que, en circunstancias normales, debieran conmover la consciencia colectiva con una intensidad que se echa de menos.
Lanzada la propuesta, corresponde ahora que las instituciones del Estado y de la sociedad civil se sumen a ella y contribuyan a la construcción de un plan de acción común alrededor de la consigna de hacer del año 2015 un punto de inflexión; un punto en el que se detenga el proceso de deterioro y se inicie la recuperación, tanto en la consciencia colectiva como en la vida cotidiana de nuestra sociedad, del respeto a los derechos humanos.