EDITORIAL

Pésima administración del sector eléctrico

Un nuevo corte de energía eléctrica, que por segunda vez en menos de un mes ha vuelto a paralizar a casi la mitad del departamento de Santa Cruz, ha confirmado una vez más que la fragilidad de la cadena de producción, transporte y distribución de electricidad es aún peor de lo que temían las más pesimistas previsiones.
El asunto, cuya gravedad ya no puede ser soslayada por las autoridades gubernamentales, es doblemente preocupante si se considera que muy pocos países del mundo están tan bien dotados como Bolivia de las más favorables condiciones energéticas. En efecto, anteayer martes –paradójicamente el mismo día en que se produjo el segundo apagón de Santa Cruz– se hizo público un informe del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés), en el que se ubica a Bolivia en el cuarto lugar entre más de 100 países evaluados en el ranking de seguridad energética.
Tan privilegiado lugar resulta, según el mismo informe, relativizado pues, si se combina el índice de seguridad energética con otros dos, el de equidad energética y el de sostenibilidad ambiental, nuestro país baja al puesto 55, por debajo del promedio mundial.
Los datos contenidos en el Índice del Trilema Energético dejan de ser cuestión estadística cuando cortes como el de antenoche y el del 8 de diciembre pasado muestran lo que eso significa desde el punto de vista de los resultados prácticos.
Ambas vertientes informativas –las frías cifras estadísticas y los apagones recurrentes– convergen alrededor de un solo problema. Es que descartados los factores fortuitos, la única explicación al contraste entre las condiciones favorables y los malos resultados es que el sector energético nacional está siendo mal administrado. Así lo confirma, por otra parte, la poca seriedad con que ante los efectos de sus desaciertos reaccionan las autoridades del sector. Se niegan sistemáticamente a dar explicaciones verosímiles; no publican los informes a los que la ley las obliga y en lo único que coinciden es en el afán de deslindar responsabilidades y atribuir las dificultades a factores ajenos a su labor.
Como se recordará, ninguna de las investigaciones anunciadas sobre apagones anteriores ha dado lugar a informes fidedignos. Y si ha habido destituciones, éstas no han hecho más que acrecentar las dudas, pues son precisamente los profesionales más solventes los elegidos como chivos expiatorios por ser, precisamente por su alto nivel profesional, los menos proclives a incurrir en los actos de servilismo en los que se basa la pirámide jerárquica en éste como en otros sectores de la administración estatal.
En medio de ese panorama poco alentador se destaca especialmente el caso de Guaracachi. Y no sólo porque las fallas de esa planta son las directas causantes de los dos recientes apagones, sino porque es ahí donde más estragos ha hecho la priorización de los criterios políticos sobre los técnicos a la hora de tomar decisiones y seleccionar el personal. Así pues, todo parece indicar que más que ante problemas fortuitos, como sostienen las autoridades del sector, estamos ante un problema estructural.