EDITORIAL

La Constitución y la realidad

Un argumento para convocar a una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución Política del Estado (CPE) fue que las promulgadas desde la creación de la República no expresaban a toda la población, sino a una parte de ella, por lo que se requería que el más importante contrato social contara con amplia legitimidad. Así, se realizaron una serie de trámites para “constitucionalizar” esta convocatoria y finalmente la Asamblea Constituyente se instaló en Sucre.
En un largo proceso de mucha participación pero de poca voluntad para llegar al consenso, hubo, sin duda, una amplia representación de todos los sectores sociales del país, incluyendo la representación cultural diversa. Sin embargo, en los hechos y en temas fundamentales dominaron los laboratorios y las instrucciones provenientes del poder central. Finalmente, se elaboró el texto que aprobado en bochornosas y violentas sesiones, fue sometido a referéndum en el que el sí se impuso en forma arrolladora.
Así, la nueva CPE es sentida como propia por la gran mayoría de la población, lo que le da una gran legitimidad. Además, una vez aprobada y promulgada se suponía que el proceso de reinstitucionalización del país se pondría en marcha. Lo que no se podía prever es que con el paso del tiempo y el florecimiento de contradicciones internas, serían sus principales autores los que la violarían sistemáticamente por razones prácticas e ideológicas, poniendo en serios apuros a muchos de sus ideólogos al tratar de justificar dicha posición con rocambolescos argumentos.
Eso es lo que está sucediendo actualmente no sólo con muchas de las leyes apresuradamente aprobadas en la Asamblea Legislativa sino porque se están creando condiciones para que predomine antes que la Constitución el criterio arbitrario de los grupos de poder. Basta ver la actuación de los miembros de los órganos Legislativo, Judicial y Electoral, que han sido puestos al servicio de los dictámenes de autoridades del Ejecutivo con la amenaza explícita de acatarlos porque de lo contrario serán objeto de sanciones, así éstas no estén previstas en el marco jurídico vigente.
También surgen expresiones muy preocupantes como el cuestionamiento al principio universal del debido proceso, el incentivo a actuar al margen de las normas en los procesos de licitaciones si éstas retrasan la materialización de proyectos, afirmar que el respeto a los derechos humanos es un obstáculo para la buena formación militar, el uso abusivo de los bienes del Estado con fines político-partidarios.
Se trata de algunos hechos que en las últimas semanas han copado la agenda pública y muestran que las corrientes autoritarias presentes en el MAS y el Gobierno, se estarían rearticulando lo que, como ya sucedió en el pasado, significaría un grave retroceso democrático en el país.
A escasos días de inaugurar su polémico jurídicamente tercer período, bien harían el Presidente del Estado y su entorno en reorientar su visión de la Constitución y las leyes y reencauzar sus actos a lo que éstas norman, como es su deber. (Reedición)