PAREMIOLOCOGI@

¿Referéndum para “salvar” a la justicia?

Arturo Yáñez Cortes.- A la vista de la prueba plena del estado calamitoso de su administración de justicia, el presidente Morales se quejará al pueblo para que: “…defina mediante un referéndum una profunda revolución dentro (de) la justicia boliviana”. Inmediatamente, como no podía ser de otra manera (centralismo democrático, dicen), sus muchach@s aplaudieron a su jefazo y sus más speeds empezaron a pergeñar cómo podría efectivizarse, ya que –sostengo de mi parte– es muy complicado que “el pueblo” defina vía referéndum tamaña generalidad y haga aparecer, por acto de magia popular, el urgente salvavidas para la ahogada de injerencia partidaria, retardación, corrupción, etc.
Según cualquier diccionario jurídico elemental, el referéndum o referendo se originó el siglo XVI en Suiza para que el pueblo diera indicaciones a sus representantes sobre cómo debían gobernar; actualmente, consiste en formular preguntas concretas a la población para que apruebe o rechace futuras leyes o decisiones administrativas de trascendencia. El siglo pasado (1931) se aprobó por esa vía la incorporación a nuestra economía jurídica de la autonomía universitaria y el habeas corpus, y recientemente, el texto de la nueva CPE (aunque en combo, sin la mínima posibilidad de discrepar sobre alguno de sus 411 artículos). Entonces, el referéndum opera con base a preguntas concretas respecto de similares medidas, por lo que una cuestión tan general como salvar la justicia o revolucionarla (se discurseó lo mismo en el caso de la “elección” de magistrados), simplemente resultaría un canto a la wiphala.
Si lo que –como una ministra indicó– se pretende por esa vía popular es revocar a los magistrad@s, fuera una enorme impostura más, puesto que ell@s ya fueron rechazad@s por el mismísimo pueblo en las elecciones judiciales que ninguno de los actuales magistrados ganó, prevaleciendo la verdadera elección antes realizada en la Asamblea Legislativa por la mayoría oficialista, siendo personalmente posesionados por el Presidente que ahora reniega de lo que han hecho sus posesionados (aunque no cabe endilgarles todas las responsabilidades del estado actual de la administración de justicia). Por ello, pretender usar al pueblo para salvar o arreglar lo que el mismo en las urnas ya rechazó, es otro acto de hipocresía gubernamental, salvo que se trate de un globo de ensayo para armar alguna otra estrategia envolvente.
Por más que se diga que la voz del pueblo es la voz de Dios, tratándose de un referéndum se requiere de cuestiones concretas a consultar que deben ser previamente técnicamente preparadas, huyendo de la improvisación a la que el régimen nos tiene acostumbrado en el tema de la justicia –yendo y viniendo en diferentes institutos; por ejemplo, recuérdese lo acontecido con la audiencia conclusiva u otros temas.
No cabe consultar lo obvio, es decir cuestiones generales en las que sin necesidad de referéndum y los millonarios gastos que acarrearía una consulta de esa naturaleza la mayor parte de los ciudadanos estaríamos de acuerdo. A propósito, qué tal preguntarle al soberano si desea que la administración de justicia sea independiente del poder político, seguramente la amplia mayoría diríamos –a coro– lo obvio, SÍ!!!!!!!!!!!!! YA NO MAS!!!!, pero el Gobierno que aunque discursea lo mismo, hace lo contrario –tenemos el gobierno pero no todo el poder, dijeron en un raro arranque de sinceridad–, dudo que estaría dispuesto a hacerle caso al soberano, pues disfruta usando esa administración para fines non sanctos …(casos Masacre de las Américas, La Calancha, 24 de mayo, Chaparina, etc., etc.) así como proclama no tratarse de un gobierno limitado por la ley, ya que le mete nomás. Así que tratándose del referéndum para salvar a la justicia, al soberano no le queda otra que recurrir a la bien ponderada sabiduría canina (no conozco el sabio perro que fue su autor para citarlo…) y decirle: a otro perro con ese hueso…