Miércoles, 14 de enero de 2015
 

PROCESADA. La sargento Cecilia Calani denunció cobros irregulares en la Policía.
PROCESADA. La sargento Cecilia Calani denunció cobros irregulares en la Policía.

EN UN TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE SUCRE

Retoman juicio de policía que denunció corrupción

Retoman juicio de policía que denunció corrupción

El proceso disciplinario en contra de la sargento Cecilia Calani será reinstalado hoy en el Tribunal de la Policía Departamental y la defensa de la uniformada insiste en su inocencia y asegura que ella no cometió ninguna falta disciplinaria sino que reveló un caso de corrupción para su investigación.
Su abogado, Freddy Payta, dijo que todo ciudadano, en especial la Policía, está en la obligación de denunciar y pedir la investigación cuando tiene conocimiento de supuestos actos de corrupción.
“Eso no es ningún delito, no es mancillar la imagen de la Policía ni denigrar a ningún uniformado porque finalmente será el fiscal quien determinará si existe o no el delito”, señaló Payta quien pedirá que su defendida sea absuelta de la falta disciplinaria denunciada.
El abogado señaló que en caso de que Calani sea sancionada, se estaría dejando a los miembros de la institución policial con una “mordaza”, un “bozal” para evitar que se investiguen delitos de corrupción.
La defensa de Calani planteó un recurso de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de la ley 101 de régimen disciplinario de la Policía, el cual paraliza la dictación de una sentencia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
Esa ley establece como falta grave acudir a los medios de comunicación, denigrando o mancillando la imagen de la Policía, norma que es utilizada indiscriminadamente para procesar a los policías que denuncian actos de corrupción o hechos irregulares.
En el caso del proceso disciplinario al comandante departamental de la Policía, Carlos Clavijo, Payta dijo que la Fiscalía policial inicialmente archivó el expediente por falta de pruebas, pero, la defensa de Calani, como denunciante, objetó esa resolución porque la ley establece que en caso de faltas graves se tiene que nombrar un agente encubierto para investigar los hechos, requisito que no se cumplió y por eso la resolución fue anulada.