EDITORIAL

Dos golpes a la democracia

Si bien con el correr de los años este martes 13 de enero podría pasar al olvido, lo cierto es que en esta jornada se han asestado dos golpes al sistema democrático y al estado de derecho que, vistos en proyección, pueden ser una base muy fuerte de deslegitimación.
El primero es la presentación del informe sobre los procesos de privatización y capitalización que parlamentarios del MAS han elaborado en los últimos años. El resultado es desalentador porque de lo que se conoce de este documento no aporta nada nuevo sino adjetivos y posiciones ideológicas que no permiten esclarecer esos procesos que han gravitado en el país para bien de éste, según algunos; para mal, según otras opiniones.
Es que semejante despliegue de recursos para intentar enjuiciar a determinados ciudadanos que pasaron por el ejercicio del poder sin aportar, por lo menos en los documentos oficiales difundidos, pruebas que tipifiquen determinados delitos previamente establecidos ni realizar el análisis del contexto en que se dieron esos procesos ni ciñéndose a las normas jurídicas del país y universales da pie, por un lado, a creer que el propósito principal de esta tarea no sería develar la forma en que se administró esos procesos de privatización y capitalización, sino sentar venganza y tratar de recomponer corrientes internas.
Por otro lado, parecería que se busca reponer en la agenda gubernamental –cuando en la realidad las autoridades del Órgano Ejecutivo se encuentran en otro nivel– la recuperación de los postulados más estatistas del original programa del MAS. Las conclusiones y sugerencias del informe presentado por la comisión investigadora es un listado de acciones poco hilvanadas y retóricas dirigidas a esa meta, incluyendo la participación estatal, por ejemplo, en las empresas verificadoras de riesgo (es decir convertir al Estado en juez y parte).
El segundo golpe a la democracia dado el día martes ha sido la inconstitucional inhabilitación de los candidatos a alcaldes y concejales que fueron asambleístas en la gestión anterior (no así de los que postulan a las gobernaciones y asambleas departamentales, votación en la que por el área rural el MAS tiene grandes posibilidades de victoria). Se trata, según las denuncias, de una manipulación que tiene el objetivo de impedir las candidaturas de quienes el MAS considera que son sus principales obstáculos para copar particularmente los municipios capitalinos, en los que en todas las elecciones pasadas ha sufrido importantes derrotas.
Como se ha señalado en forma insistente, estas acciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacen recuerdo de lo más nefasto de nuestra historia electoral y están poniendo en riesgo –como sucedió, por ejemplo, en 1989—el sistema electoral y la legitimidad de los procesos electorales que dirijan, que son la base fundamental de la democracia.
Es de esperar que los vocales de los Tribunales Nacional y Departamentales que así han actuado estén conscientes del daño que han infringido al sistema democrático y que por lo hecho sean pasibles de ser procesados y sancionados.
Mal día ha sido, pues, este martes 13 para la democracia boliviana.