EDITORIAL

Hacia una nueva reforma judicial

Los primeros mandatarios del Estado han reconocido el fracaso de la reforma judicial que propusieron. Con diferentes tonos y argumentos, admitieron la crisis ahondada tras la elección mediante un procedimiento de dos pasos (primero, en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, luego, mediante voto popular) de las principales autoridades del Órgano Judicial. Y para modificar esa realidad, el Presidente ha planteado convocar a un referéndum consultivo.
Pero, hay dos factores que hacen temer que el remedio pudiera ser peor que la enfermedad. Uno, que no han asumido, ni sus principales colaboradores y ejecutores de la reforma judicial, su responsabilidad en ese fracaso. No sólo por las limitaciones del proceso sino por la calidad profesional de quienes finalmente se impuso como autoridades, dada su clara derrota en las urnas porque los votos blancos y nulos superaron el voto recibido por los candidatos, todos afines al partido de gobierno.
El otro, el rechazo presidencial al principio jurídico universal del debido proceso, pues en la medida en que éste se vulnera se abre espacio a la arbitrariedad y conduce a un sistema autoritario que, por lo demás, la humanidad ya ha vivido en el pasado con perversos resultados, a consecuencia de los cuales, entre otras razones, se universalizó este principio así como los de la presunción de inocencia y que la ley no es retroactiva salvo cuando beneficia al acusado (que el Gobierno también trata de violar y desconocer).
Es en ese contexto que el Presidente del Estado ha propuesto un referéndum, encargando a un equipo técnico la elaboración de las preguntas que serán sometidas a consulta popular, y ha anunciado, casi en tono de advertencia, que dará prioridad a esa tarea en su tercer mandato consecutivo.
En ese escenario, la Iglesia, desde Santa Cruz, ha aclarado que la reforma del sistema judicial no pasa por un referéndum, sino por consolidar dos principios fundamentales: la independencia de poderes y la nominación de administradores de justicia imparciales e idóneos moralmente, pues, actualmente, la administración de justicia no ofrece ninguna garantía de imparcialidad, no hay apego a la verdad ni la ley y está sometida a toda clase de gestiones o intereses ajenos a su misión. De ahí que es fundamental recuperar la independencia de los administradores de justicia y los valores de verdad y honestidad, responsabilidad e integridad moral.
Es una pertinente opinión que deben escuchar las autoridades con serenidad, pues está claro que si no hay una administración de justicia legítima y confiable lo que sobreviene es el imperio de la ley de la selva y la sociedad convertida en un campo fértil para el autoritarismo y la violencia.
Además, corresponde escuchar este tipo de opiniones luego del comprobado fracaso al que se ha inducido precisamente por no escuchar criterios contrarios al discurso oficial. En este sentido, más que referéndum, lo que se requiere, hay que insistir, es abrir un debate democrático y participativo para definir el rumbo de la administración de justicia.