EDITORIAL

Hacia una nueva reforma judicial

Los primeros mandatarios del Estado han reconocido el fracaso de la reforma judicial que propusieron. Con diferentes tonos y argumentos, admitieron la crisis ahondada tras la elecci�n mediante un procedimiento de dos pasos (primero, en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, luego, mediante voto popular) de las principales autoridades del �rgano Judicial. Y para modificar esa realidad, el Presidente ha planteado convocar a un refer�ndum consultivo.
Pero, hay dos factores que hacen temer que el remedio pudiera ser peor que la enfermedad. Uno, que no han asumido, ni sus principales colaboradores y ejecutores de la reforma judicial, su responsabilidad en ese fracaso. No s�lo por las limitaciones del proceso sino por la calidad profesional de quienes finalmente se impuso como autoridades, dada su clara derrota en las urnas porque los votos blancos y nulos superaron el voto recibido por los candidatos, todos afines al partido de gobierno.
El otro, el rechazo presidencial al principio jur�dico universal del debido proceso, pues en la medida en que �ste se vulnera se abre espacio a la arbitrariedad y conduce a un sistema autoritario que, por lo dem�s, la humanidad ya ha vivido en el pasado con perversos resultados, a consecuencia de los cuales, entre otras razones, se universaliz� este principio as� como los de la presunci�n de inocencia y que la ley no es retroactiva salvo cuando beneficia al acusado (que el Gobierno tambi�n trata de violar y desconocer).
Es en ese contexto que el Presidente del Estado ha propuesto un refer�ndum, encargando a un equipo t�cnico la elaboraci�n de las preguntas que ser�n sometidas a consulta popular, y ha anunciado, casi en tono de advertencia, que dar� prioridad a esa tarea en su tercer mandato consecutivo.
En ese escenario, la Iglesia, desde Santa Cruz, ha aclarado que la reforma del sistema judicial no pasa por un refer�ndum, sino por consolidar dos principios fundamentales: la independencia de poderes y la nominaci�n de administradores de justicia imparciales e id�neos moralmente, pues, actualmente, la administraci�n de justicia no ofrece ninguna garant�a de imparcialidad, no hay apego a la verdad ni la ley y est� sometida a toda clase de gestiones o intereses ajenos a su misi�n. De ah� que es fundamental recuperar la independencia de los administradores de justicia y los valores de verdad y honestidad, responsabilidad e integridad moral.
Es una pertinente opini�n que deben escuchar las autoridades con serenidad, pues est� claro que si no hay una administraci�n de justicia leg�tima y confiable lo que sobreviene es el imperio de la ley de la selva y la sociedad convertida en un campo f�rtil para el autoritarismo y la violencia.
Adem�s, corresponde escuchar este tipo de opiniones luego del comprobado fracaso al que se ha inducido precisamente por no escuchar criterios contrarios al discurso oficial. En este sentido, m�s que refer�ndum, lo que se requiere, hay que insistir, es abrir un debate democr�tico y participativo para definir el rumbo de la administraci�n de justicia.