EDITORIAL

Temores sobre el futuro de las pensiones

La aprobaci�n de un Decreto Supremo mediante el cual se constituye la Gestora P�blica de Seguridad Social de Largo Plazo, que administrar� los aportes laborales para la jubilaci�n de los trabajadores bolivianos, ha sido recibida con m�s muestras de preocupaci�n que de entusiasmo por la ciudadan�a en general y por especialistas en la materia, en particular.
Las causas de la preocupaci�n no son pocas ni infundadas. Es que a pesar de que la nueva Ley de Pensiones que rige a la Gestora P�blica mantiene los lineamientos b�sicos con los que fueron creadas las Administradoras de Fondos de Pensiones, hay un detalle que deja un margen excesivamente amplio para la desconfianza.
En efecto, la nueva norma mantiene la orientaci�n bancaria del sistema, no modifica la condici�n del trabajador como principal aportante para su jubilaci�n, establece que la gestora continuar� cobrando comisi�n por administrar los aportes y no permite la participaci�n de representantes de los pensionistas para ejercer fiscalizaci�n. Sin embargo, todas esas disposiciones quedan relegadas a un plano muy secundario ante el rasgo principal del nuevo modelo que consiste en dar al Estado el doble papel de juez y parte, pues pasar� a ser simult�neamente acreedor y deudor de los pr�stamos contra�dos del sistema de pensiones.
El temor de que tal esquema termine a la larga desbaratando todo el sistema tiene s�lidos fundamentos. Una muy larga experiencia acumulada, no s�lo en nuestro pa�s sino en el mundo entero, ense�a que nada hay m�s peligroso para la preservaci�n de los ahorros previsionales que la muy com�n tentaci�n de los administradores del erario p�blico de echar mano a esos recursos en cuanto las urgencias as� se lo sugieran.
En el caso boliviano, lo que est� en juego es nada menos que el bienestar de casi 1,7 millones de asegurados, leg�timos propietarios de m�s de 9 mil millones de d�lares, que es el monto que suman sus aportes. La calidad de vida que esas personas tengan en el tramo final de su vida depende directamente del destino que corran los aportes que se fueron acumulando desde 1996 cuando el sistema entr� en vigencia.
Lamentablemente, dados los antecedentes del Estado como administrador de bienes colectivos, la promesa gubernamental de que la gestora estatal de pensiones ser� un modelo de honradez no puede ser tomada en serio.
Adem�s, y a�n en el hipot�tico caso de que los funcionarios gubernamentales que se hagan cargo de esos fondos sean de una honradez acrisolada y act�en con las mejores intenciones, seguir� siendo grande el riesgo de que ese dinero termine fuera del alcance de sus leg�timos propietarios. Es que todo indica que el principal destino de los ahorros depositados en los fondos de pensiones ser�n las arcas fiscales, a donde van a parar a trav�s de Bonos del Tesoro General de la Naci�n (TGN) para financiar el dispendioso gasto p�blico. Si eso fue as� durante los 19 a�os de administraci�n privada, no es dif�cil suponer que no ser� mejor cuando el Estado sea juez y parte, deudor y acreedor simult�neamente y no haya qui�n defienda los intereses particulares frente a los estatales.