EDITORIAL

Temores sobre el futuro de las pensiones

La aprobación de un Decreto Supremo mediante el cual se constituye la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, que administrará los aportes laborales para la jubilación de los trabajadores bolivianos, ha sido recibida con más muestras de preocupación que de entusiasmo por la ciudadanía en general y por especialistas en la materia, en particular.
Las causas de la preocupación no son pocas ni infundadas. Es que a pesar de que la nueva Ley de Pensiones que rige a la Gestora Pública mantiene los lineamientos básicos con los que fueron creadas las Administradoras de Fondos de Pensiones, hay un detalle que deja un margen excesivamente amplio para la desconfianza.
En efecto, la nueva norma mantiene la orientación bancaria del sistema, no modifica la condición del trabajador como principal aportante para su jubilación, establece que la gestora continuará cobrando comisión por administrar los aportes y no permite la participación de representantes de los pensionistas para ejercer fiscalización. Sin embargo, todas esas disposiciones quedan relegadas a un plano muy secundario ante el rasgo principal del nuevo modelo que consiste en dar al Estado el doble papel de juez y parte, pues pasará a ser simultáneamente acreedor y deudor de los préstamos contraídos del sistema de pensiones.
El temor de que tal esquema termine a la larga desbaratando todo el sistema tiene sólidos fundamentos. Una muy larga experiencia acumulada, no sólo en nuestro país sino en el mundo entero, enseña que nada hay más peligroso para la preservación de los ahorros previsionales que la muy común tentación de los administradores del erario público de echar mano a esos recursos en cuanto las urgencias así se lo sugieran.
En el caso boliviano, lo que está en juego es nada menos que el bienestar de casi 1,7 millones de asegurados, legítimos propietarios de más de 9 mil millones de dólares, que es el monto que suman sus aportes. La calidad de vida que esas personas tengan en el tramo final de su vida depende directamente del destino que corran los aportes que se fueron acumulando desde 1996 cuando el sistema entró en vigencia.
Lamentablemente, dados los antecedentes del Estado como administrador de bienes colectivos, la promesa gubernamental de que la gestora estatal de pensiones será un modelo de honradez no puede ser tomada en serio.
Además, y aún en el hipotético caso de que los funcionarios gubernamentales que se hagan cargo de esos fondos sean de una honradez acrisolada y actúen con las mejores intenciones, seguirá siendo grande el riesgo de que ese dinero termine fuera del alcance de sus legítimos propietarios. Es que todo indica que el principal destino de los ahorros depositados en los fondos de pensiones serán las arcas fiscales, a donde van a parar a través de Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) para financiar el dispendioso gasto público. Si eso fue así durante los 19 años de administración privada, no es difícil suponer que no será mejor cuando el Estado sea juez y parte, deudor y acreedor simultáneamente y no haya quién defienda los intereses particulares frente a los estatales.