¡Ay, las empresas públicas!

Juan José Bonifaz B..- En Bolivia, las empresas públicas, es decir aquellas que están bajo dependencia del gobierno, y son administradas por programas gubernamentales, han sido siempre el problema y no la solución; recientes estudios concluyen que casi todas son deficitarias.
La mayor parte de las veces en economía, se habla sobre la eficiencia comparativa de empresas públicas y privadas; y, si la empresa pública opera de forma ineficiente es que provoca pérdidas, e inversamente, si obtiene beneficios es signo de gestión eficiente. Sin embargo, hay muchos factores que pueden ser tomados como positivos en la empresa pública frente a la empresa privada; el flagelo de las empresas públicas en nuestro Continente es la corrupción de los recursos humanos. El sector público empresarial francés y de otros países europeos, han ofrecido tradicionalmente destacados ejemplos de empresas públicas, que han alcanzado un éxito económico evidente en términos tanto de posición de mercados como de beneficios anuales.
No es lo mismo en nuestro medio, donde las experiencias han sido siempre negativas, casos como México, Brasil, Argentina, Venezuela para citar los grandes -y cuando no- Bolivia entre los coleros. El escándalo político que se desata en estos días, sobre la privatización y la capitalización de modo general, no considera casos de empresas que era preferible regalar a seguir cargando al presupuesto nacional. Esta intempestiva envestida, más parece tratarse de otra cortina de humo para cubrir las nuevas denuncias contra ejecutivos de YPFB, empresa que parece fuera de todo sistema de control.
A este respecto el Ing. Hugo del Granado* anota lo siguiente: “YPFB, además de sus funciones empresariales y de operador de toda la cadena; cumple al mismo tiempo responsabilidades de comercializador, de administrador de contratos y como sujeto de pago de tributos y fiscalizador de las actividades del upstream, (incluyendo las de certificador de la producción para efectos impositivos). Este “conflicto” entre sus funciones empresariales y aquellas de administrador de contratos, regulador y fiscalizador, introducen no solo problemas de rendición de cuentas y de riesgo tributario, sino también lleva a situaciones excepcionales donde esta empresa se constituye a la vez en administrador y operador del contrato y; en entidad contratante y contratista. La visión estatista le otorga incluso funciones de política (como la de fijar precios) que corresponden más bien al poder central del gobierno”… ¿Así se crean condiciones propicias para la corrupción, en la fuente principal de sustento del país?.
Otro ejemplo patético de empresa publica que opera como privada está en casa. Tres propietarios estatales que no se entienden, administran FANCESA. En lugar de esforzarse por coordinar los factores necesarios para la competitividad de la fábrica -especialmente la solución de la comunicación expedita con sus mercados, discuten el cambio de localización de la factoría -una paradoja- en lugar de pensar en mejorar el transporte del producto por carreteras o ferrovías de calidad buscando costos competitivos, la gobernación copropietaria con poder político, no resuelve el problema y deja las iniciativas a la competencia…
Hay mucho que decir de FANCESA. Solo decimos que debe tomar decisiones innovadoras y urgentes antes de quedar como ejemplo de: “qué no se debe hacer con una empresa”.


(*) “Los dilemas del sector de hidrocarburos” (Fundación Milenio)