APERSONAMIENTO. El Procurador y su comitiva se reunieron con el Fiscal General en Sucre.

POR LA COMISIÓN DE DELITOS EN EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

Procuraduría se suma a la denuncia contra Goni

Sucre/CORREO DEL SUR

La Fiscalía General encargó a tres fiscales de recursos la investigación de la proposición acusatoria en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex ministro Samuel Doria Medina y otros 11 ex dignatarios de Estado acusados de la comisión de delitos en el proceso de privatización de las empresas estatales antes de 2005, reveló ayer el Procurador General del Estado, Héctor Arce Zaconeta, tras reunirse con la máxima autoridad del Ministerio Público y sumarse a la denuncia.
El Ministerio Público tiene diez días para pronunciarse con una resolución de imputación o rechazo de la denuncia que presentó una comisión de la anterior Asamblea Legislativa luego de investigar por más de un año el proceso de privatizaciones y capitalizaciones que involucran a ex dignatarios de Estado.
“Hemos recibido información de que incluso el fin de semana trabajó el Ministerio Público haciendo un análisis preliminar de las proposiciones acusatorias que presentó la Comisión y se dio aviso al Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento de la ley 044 y se designó a tres fiscales superiores para el análisis del caso”, señaló Arce.
El Procurador aseguró que la institución que dirige se apersonó con un memorial en la Fiscalía para coadyuvar con la investigación y producir pruebas en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales como es la defensa legal del Estado en casos de afectación a los intereses y al patrimonio nacional.
“Luego de un análisis se evidencia aparentemente la comisión de hechos muy graves, muchas empresas fueron vendidas a un precio ínfimo incluso inferior a lo que el Estado gastó para cotizar las empresas”, aseguró Arce.
Recordó el caso de la fábrica de cerámica roja de Beni de propiedad de la entonces Corporación de Desarrollo de Beni (CORDEBENI), que al Estado le habría costado más de medio millón de bolivianos, pero durante el proceso de privatización fue vendida en $us 13.000, cuando sólo la evaluación para la venta arrojó un costo de 21.000.

Acusaciones

El 13 de enero, la comisión legislativa que investigó el proceso de privatización y capitalización de 1989 a 2000, concluyó con dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades de Estado y encargó su procesamiento a la Fiscalía.