ACUSADA. La concejala Arminda Herrera recibió ayer una sentencia condenatoria por concusión.

EL TRIBUNAL DETERMINÓ TRES AÑOS DE PRESIDIO

Sentencian a Arminda Herrera por concusión

CORREO DEL SUR

La concejala por la agrupación ciudadana Nueva Alternativa Ciudadana (NAC), Arminda Herrera, fue sentenciada a tres años de presidio por el delito de concusión, tras ser hallada culpable de realizar cobros a miembros de su agrupación que trabajaban en la Alcaldía.
Acusada por los delitos de uso indebido de influencias y concusión, Herrera fue sentenciada ayer por un tribunal conformado por jueces técnicos y ciudadanos que, aunque no mostraron unanimidad en la decisión, determinaron su absolución del delito de uso indebido de influencias, al considerar que no existían los elementos suficientes; y la aplicación de pena condenatoria por el delito de concusión, por la prueba ofrecida, informó el presidente del Tribunal de Sentencia Nº 2 de la Capital, Héctor Andia.
El proceso duró entre cuatro y cinco meses y concluyó con la sentencia de la Concejala acusada de hacer cobros de entre $us 500 y 1.000 a los trabajadores de su agrupación que se encontraban en la Alcaldía de Sucre, bajo el argumento de haber adquirido una deuda para sus costos de campaña en las elecciones de 2010.
Hasta ayer, en el Concejo Municipal la noticia aún no se conocía. Consultado al respecto, el vicepresidente del ente deliberante, Domingo Martínez, lo afirmó así.
Sin embargo, señaló que de acuerdo a procedimiento y para que el hecho se debata en el pleno, en primer lugar, ese documento deberá llegar a esa instancia de forma oficial. De ser el caso y de existir la sentencia en curso -dijo Martínez- tendría que procederse a evaluar la suspensión del concejal involucrado. Si aquello ocurriese, se tendría que habilitar al suplente del concejal afectado que en el caso de la fuerza Nueva Alternativa Ciudadana (NAC) es incierto por la marcada división interna que arrastra desde hace varios años.


¿Puede acogerse a beneficios?
El Presidente del Tribunal de Sentencia citado, aclaró que en el caso de delitos de corrupción, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no contempla la posibilidad de que los sancionados se acojan a beneficios como el perdón judicial o la suspensión condicional de la pena, opciones que sí son viables para delitos ordinarios con sanciones de penas de tres años, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal.
En abril de 2013, una facción de NAC acusó públicamente a la concejala Arminda Herrera de cobrar entre $us 500 y $us 1.000 a los 16 militantes que trabajan en el Concejo Municipal, para garantizarles el empleo; en ese entonces, Herrera respondió indignada que las acusaciones eran falsas.
Este diario intentó comunicarse con Herrera pero no contestó las llamadas.