RESOLANA

M�s all� del voto

Carmen Beatriz Ruiz.- Si tus pantalones fueran de vidrio, qu� clarito se ver�an tus intenciones� provoca con su picard�a la letra de una canci�n popular. Como si sus paredes fueran de vidrio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mostr�, otra vez, su torpe impudicia con la medida de inhabilitaci�n de candidaturas que ha permitido dejar fuera de juego a aspirantes de la oposici�n en las pr�ximas elecciones para alcaldes, como a la ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Rebeca Delgado, en Cochabamba. La sucesi�n de hechos de este tipo, que atentan contra las libertades de la ciudadan�a, justifica una somera revisi�n de la concepci�n y pr�ctica de los derechos pol�ticos.
Comencemos por el principio. Se acepta la definici�n de los derechos pol�ticos como �el conjunto de derechos humanos de �ndole pol�tica que garantizan al ciudadano la capacidad de participar e influir en la administraci�n del poder pol�tico�. Complementariamente, �junto con los derechos civiles componen el grupo de derechos humanos relativos a la protecci�n de la libertad individual frente al poder pol�tico del Estado� (Sonia Picado, en: Derechos pol�ticos como derechos humanos. IDEA International, Estocolmo). Hay, pues, una relaci�n directa entre el ejercicio de los derechos pol�ticos y la relaci�n entre ciudadan�a y Estado.
En resumen, los derechos pol�ticos suponen atributos de las personas que, a trav�s de su acci�n individual o colectiva, concretan su participaci�n ciudadana. Eso es, en buenas cuentas, el ejercicio amplio de la participaci�n pol�tica, que se expresa, para mayor abundamiento, en �toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes pol�ticos, ser elegidos y ejercer cargos de representaci�n, participar en la definici�n y elaboraci�n de normas y pol�ticas p�blicas y controlar el ejercicio de las funciones p�blicas encomendadas a sus representantes� (Picado). De ah� deriva un cuadro de titularidades que son, precisamente, los derechos pol�ticos.
Esto se entiende mejor a partir de la enumeraci�n de los principales derechos pol�ticos: derecho al voto (derecho a elegir), derecho de asociaci�n, a unirse a un partido pol�tico, a ser candidato a un puesto pol�tico (derecho a ser elegidos/as) y a participar de demostraciones pol�ticas. Aunque m�s generales, tambi�n deben incluirse en esta enumeraci�n los derechos a la libre expresi�n y al acceso a la informaci�n, fundamentales para la construcci�n de una sociedad democr�tica.
Si la teor�a est� clara, la pr�ctica, en cambio, aparece muy confusa. En nuestro pa�s, bajo la sombra del denominado proceso de cambio han revivido posiciones pol�ticas que bajo el lema de que el fin justifica los medios validan las intenciones de copar y mantenerse en el poder de unos cuantos por encima del ejercicio de los derechos del resto. Pruebas de ello son la inhabilitaci�n de candidatos, la restricci�n de informaci�n p�blica, el acoso pol�tico a disidentes y opositores y los intentos de controlar los medios por v�as legislativas directas e indirectas.
Para enfrentar esas situaciones es necesario valorar integralmente los derechos pol�ticos que, como se ve, no se tratan s�lo del sufragio o de postulaciones, sino de c�mo traducir �la diversidad de nuestras sociedades en un abanico m�s representativo en los �mbitos de decisi�n p�blica� (Picado). La advertencia �tica, por otro lado, es que la conculcaci�n de los derechos pol�ticos, al fin y al cabo, va acumulando la ilegitimidad pol�tica de quien la comete.