EDITORIAL

Hacia una nueva Ley del Deporte

El anuncio hecho por el Ministro de Deportes sobre la decisión gubernamental de aprobar en el transcurso del presente año una nueva Ley del Deporte, ha desencadenado una muy intensa polémica en la que ya participan con inusitado entusiasmo los dirigentes y miembros de las 36 federaciones que representan a otras tantas disciplinas deportivas en nuestro país.
El sólo hecho de que hayan comenzado a agitarse las usualmente tranquilas aguas en que se mueven las cúpulas dirigenciales de nuestro país es de por sí un hecho positivo. Abrir el debate, provocar el intercambio de ideas y reflexiones sobre la situación del deporte nacional es ya un buen primer paso y sólo cabe esperar que no sea la defensa de minúsculas cuotas de poder y los privilegios que conllevan lo que más motive a los participantes.
Juega también a favor de la iniciativa el reconocido compromiso con el deporte nacional de muchos de los principales impulsores del proyecto de ley. No hay porqué dudar de su buena fe y es de suponer que son las mejores intenciones las que guían sus actos e inspiran sus propuestas.
A todo lo anterior se suma un dato cuya importancia debe ser destacada si se recuerda que la improvisación, la falta de coordinación y la dificultad para proyectar la mirada más allá del plazo más inmediato es una de las causas principales de los malos resultados que suele obtener el deporte nacional. Nos referimos a la claridad con que el Ministerio de Deportes ha identificado como punto de referencia de todos sus actos la preparación de los deportistas nacionales para los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.
Los buenos deseos, lamentablemente, son con excesiva frecuencia causa de más males que los que pretenden resolver. No en vano es tan popular el dicho según el que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Y ese precisamente parece ser el caso del actual proyecto de ley porque, como acertadamente lo han hecho notar de manera unánime los representantes de todas las federaciones y asociaciones existentes en el país, la nueva Ley del Deporte lleva en su núcleo un defecto que amenaza con desvirtuar cualquiera de sus virtudes. Se trata de su desmedido afán centralizador que, entre muchas otras consecuencias perniciosas, amenaza con reducir a las federaciones a meras reparticiones subalternas del aparato estatal.
Tal intención es desde todo punto de vista un despropósito. Y no sólo porque las reparticiones estatales están muy lejos de ser un modelo a seguir sino porque la injerencia estatal va frontalmente contra uno de los principios básicos que rigen la actividad deportiva a nivel internacional.
Si el Gobierno persiste en su afán de imponer su control sobre toda la actividad deportiva, pone a nuestro país ante el gravísimo riesgo de quedar excluido de los organismos internacionales. Vale la pena pues que en vez de perder tiempo y energías en una inútil pugna entre el Ministerio y las organizaciones deportivas, se busquen fórmulas de complementación de esfuerzos sin que nadie pretenda invadir territorios que le son ajenos.