EDITORIAL

El TAM, otro año de espaldas a la ley

Ha terminado el mes de enero, y se ha cumplido un año más desde que la empresa Transporte Aéreo Militar (TAM) fuera conminada por primera vez por la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) a salir de la ilegalidad en que actúa y se transforme en una empresa formal, sometida a las normas y regulaciones que rigen en nuestro país la actividad empresarial en general y la aeronáutica en particular.
Tampoco han servido de algo los esfuerzos que desde entonces realiza el Servicio de Impuestos Nacional (SIN) para hacer efectivo el cobro de más de 55 millones de bolivianos que el TAM debe por concepto de impuestos evadidos y acumulados durante los últimos años. Es tanta la impunidad de que goza la empresa militar, que ya ni siquiera es posible saber a cuánto se ha elevado el monto adeudado durante los últimos meses pues, como se puede suponer, deben haber corrido multas y otros cargos por incumplimiento de deberes impositivos.
Igualmente inútiles han sido los esfuerzos de la ATT que vanamente intenta obligar al TAM a someterse al sistema de fiscalización, control y regulación aeronáutica, condición que se supone es imprescindible para que una empresa ofrezca vuelos comerciales.
Aún más alarmante es la facilidad con que el TAM pasa por encima de las normas que regulan la aeronáutica civil en nuestro país. En efecto, como si en Bolivia no hubiera ordenamiento legal al que someterse, la empresa aerocomercial militar se niega sistemáticamente a cumplir las regulaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), instancia responsable de velar por el buen funcionamiento de los servicios aéreos.
El argumento con el que los ejecutivos del TAM respaldan su decisión de rebelarse contra las normas vigentes en nuestro país es que son una institución militar, por lo que quedan fuera del alcance de las atribuciones que corresponden a la aeronáutica civil. Sorprendente razonamiento si se considera que los servicios aerocomerciales que ofrece esa empresa en nada difieren de los que brinda cualquier otra empresa del mercado y nada tienen que ver con actividades estrictamente militares.
Paradójicamente, con el mismo entusiasmo con que el TAM se ampara en el fuero militar para actuar fuera de la ley, aprovecha al máximo las ventajas que le da esa su condición para competir ventajosamente en el mercado aerocomercial. Libre de toda regulación opera con costos más bajos, lo que no se refleja en un mejor servicio, ni mucho menos, pero sin duda reporta pingües utilidades cuyo destino se diluye entre la contabilidad de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, como es fácil deducir, es enorme el riesgo al que diariamente se somete a miles de pasajeros que a pesar del desprestigio en que está sumida esa empresa recurren a ella por falta de información adecuada sobre su verdadera situación o por cubrir rutas en forma exclusiva.
Es de esperar que no tengamos que lamentar un accidente fatal antes de que se le dé la debida importancia a este asunto. Por eso, lo que corresponde es exigir a la ATT, al SIN, a la DGAC y a cuanta autoridad gubernamental tenga alguna responsabilidad sobre la seguridad aeronáutica, que cumplan su tantas veces reiterado compromiso de hacer algo al respecto.