EDITORIAL

Una sentencia que atenta contra la libertad

Justificada preocupaci�n ha provocado que un juez de Sucre, aceptando el requerimiento fiscal, condene a 20 meses de reclusi�n a un colega periodista por la presunta comisi�n del delito de �instigaci�n p�blica a delinquir�.
El proceso, seguido en la justicia ordinaria pese a que, como corresponde, debiera ser tratado dentro del marco de la Ley de Imprenta, fue incoado como consecuencia de las violentas jornadas del 24 de mayo de 2008 en Sucre, cuando grupos de campesinos fueron agredidos por una turba enajenada y a cuyos autores, intelectuales y materiales, no se termina de identificar y procesar. El periodista sentenciado, de acuerdo con la denuncia, habr�a incitado a cometer esos actos de violencia.
En el supuesto caso de que la denuncia fuera verdadera, el �mbito para enjuiciar, hay que reiterar, corresponde a la Ley de Imprenta en cuyo art�culo 11 se tipifica como delito de imprenta a los escritos (o programas de corte informativo emitidos a trav�s de medios audiovisuales, as� sea que el fiscal respectivo ignore esta decisi�n) que �tiendan a trastornar la tranquilidad y orden p�blico, o inciten o sostengan conmociones o desobediencia a las leyes o a las autoridades, o provoquen la perpetraci�n de alg�n delito (...)�.
Hecha la respectiva apelaci�n en cuanto se instal� el proceso en el �mbito penal, tanto los funcionarios del Ministerio P�blico como de la justicia ordinaria decidieron, sea por ignorancia, miedo o presiones for�neas, no actuar conforme a ley sino mantener el proceso dentro del �mbito penal, que es precisamente lo que el esp�ritu de la Ley de Imprenta evita por cuanto no es nada nuevo que ah� tienen mayor posibilidad de maniobra los representantes de los poderes establecidos para vulnerar la libertad de expresi�n y opini�n.
Pero, cualesquiera sean las razones, se ha actuado al margen del marco jur�dico vigente, el mismo que, un a�o despu�s de los lamentables hechos, fue plenamente ratificado por la Constituci�n Pol�tica del Estado que norma, textualmente, que: �La informaci�n y las opiniones vertidas a trav�s de los medios de comunicaci�n social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercer�n mediante las normas de �tica y autorregulaci�n de las organizaciones de periodistas y medios de comunicaci�n y su ley�. Y esa ley es, precisamente, la Ley de Imprenta.
En este contexto, adem�s de las apelaciones que el colega periodista debe hacer y el apoyo que desde las diversas organizaciones del gremio se le debe otorgar, debe ser la sociedad la que se movilice porque ella es la que m�s puede verse afectada si el periodismo pierde las garant�as que permiten cumplir fielmente con su misi�n social, pues ante cualquier informaci�n que guste a los detentadores del poder �stos podr�n acudir al �mbito penal para hacer valer sus intereses por sobre los del bien com�n.
Esa es la dimensi�n de la arbitraria e ilegal sentencia emitida por un juzgado de la capital del Estado, y del desaf�o que periodistas y ciudadanos, hombres y mujeres, debemos recoger.