ACUSADO. Martín Belaunde ingresó a Bolivia el pasado mes.

ASEGURA QUE PEDIDO CARECE DE SUSTENTO

Tribunal peruano rechaza extradición de Martín Belaunde

Agencias y CORREO DEL SUR

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró improcedente el pedido de extradición del empresario Martín Belaunde Lossio quien escapó a Bolivia para pedir refugio a la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) por una supuesta persecución política y de quien el máximo tribunal de justicia boliviano ordenó su detención domiciliaria con fines de extradición. Casi inmediatamente, la defensa del ciudadano peruano reaccionó señalando que pedirán al TSJ disponga la libertad inmediata de su defendido.
El titular de la Sala Penal peruana, Javier Villa Stein, afirmó que el fallo se emitió conforme a la legislación de ambos países y los tratados internacionales. Asimismo, indicó que los argumentos presentados a favor de la extradición carecían de sustento y que las acusaciones por peculado y asociación ilícita para delinquir no tenían suficientes elementos probatorios. "No se trata pues de fabricar delitos a la carta, se trata de hacer las cosas bien, porque un poder judicial independiente, una sala penal independiente que respeta el principio de legalidad no puede hacer las cosas por preferencias o voluntades políticas, tiene que hacer las cosas conforme al derecho y conforme a la ley", manifestó la autoridad.
En Bolivia, el jueves, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la solicitud de suspensión de detención domiciliaria presentada por la defensa de Belaunde y fijó un plazo hasta el 21 de marzo para que las autoridades peruanas formalicen la extradición. Entretanto, permanece arrestado en un domicilio de la ciudad de La Paz, mientras que sus abogados preparan la apelación a la negativa de refugio político dictada por la CONARE.
El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, reiteró ayer en Sucre que el súbdito peruano Martín Belaunde tiene que ir a su país para defenderse de los delitos de corrupción acusados en su contra porque aseguró que él está con “bandera roja” y orden de captura internacional. Asimismo, negó que existan conversaciones “escondidas” entre los presidentes de Bolivia y Perú sobre este caso.

Improcedente

La Corte Suprema peruana consideró improcedente la solicitud porque los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría carecían de sustento. La justicia boliviana fijó un plazo de 30 días para que se formalice el pedido.